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Roque Soboczinski repasó los años de gestiones por las tierras de Picada Mandarina y advirtió que una relocalización afectaría a más de cien personas. También cuestionó actuaciones y documentación que, según relató, perjudicaron a los vecinos.
Las miradas de los vecinos marcaron el discurso del diputado Roque Soboczinski durante el tratamiento de la ley para avanzar en la regularización de dos inmuebles de El Soberbio. El legislador recordó la angustia de las primeras reuniones ante la amenaza de desalojo y la comparó con la esperanza que encontró en las familias presentes en la Cámara de Representantes.
“Vi un semblante diferente”, expresó al comienzo de su intervención. Para Soboczinski, la posibilidad de una respuesta legislativa representa un cambio después de años de incertidumbre para quienes construyeron allí sus viviendas y su forma de vida.
El diputado explicó que conoce de cerca la realidad de Picada Mandarina porque vivió en esa zona hasta el año 2000. Esa relación con el lugar y con sus habitantes atravesó su exposición, en la que recordó a personas mayores, mujeres y niños que transmitían su desesperación cuando comenzaron a recibir las notificaciones judiciales.
Relató que, durante su etapa al frente del municipio, acompañó reuniones junto con autoridades locales y asesoramiento legal. También mencionó gestiones ante el juzgado de San Vicente y una instancia de conciliación que no permitió alcanzar una solución.
Según su descripción, una de las alternativas planteadas consistía en concentrar a los ocupantes en un sector de la propiedad y liberar el resto del terreno. Las gestiones, señaló, no prosperaron y el conflicto llegó a una sentencia de desalojo en 2023.
Soboczinski también cuestionó actuaciones vinculadas con la documentación de los inmuebles. Afirmó que existieron certificaciones y constataciones que “dejaron mucho que desear” y que no reflejaron adecuadamente la presencia de las familias.
Además, relató que, al asumir la gestión municipal en 2015 y realizar controles, detectaron un certificado de libre deuda con sello del municipio cuyo pago, según sostuvo, no había ingresado a las arcas comunales. Presentó ese episodio como parte de las situaciones que agravaron la desprotección de los vecinos.
El legislador remarcó que el conflicto excede las viviendas. En los predios hay casas de madera y de material, galpones, plantaciones, forestaciones de pino y tajamares: inversiones y espacios de trabajo construidos a lo largo de los años.
En ese contexto, señaló que el subsecretario de Tierras había manifestado preocupación ante la posibilidad de tener que relocalizar a más de cien personas. El traslado supondría intervenir sobre toda una organización familiar y productiva.
Soboczinski reconoció los antecedentes legislativos de Cristian Castro y Cristina Novoa, y valoró el tratamiento del proyecto como una oportunidad para devolver confianza a las familias.
Con una referencia al himno de El Soberbio y a su expresión “mi lugar”, pidió acompañar la iniciativa para que esas palabras también se traduzcan en tranquilidad para quienes habitan Picada Mandarina. La sanción de la ley abre ahora una instancia para avanzar en la adquisición de los inmuebles y en la regularización dominial de sus ocupantes.
