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El gobernador Hugo Passalacqua envió a la Cámara de Representantes un proyecto de ley para precisar las facultades del Tribunal de Cuentas sobre las empresas y sociedades del Estado provincial y municipal. La iniciativa, presentada este jueves, busca reforzar la transparencia y dar mayor certeza jurídica al control de los recursos públicos, con una entrada en vigencia prevista para el 1 de enero de 2027.
La propuesta apunta a dejar expresamente establecido qué estructuras empresariales quedan bajo la fiscalización del organismo. El alcance incluye sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta y otras entidades en las que el Estado provincial o municipal tenga mayoría de capital o capacidad predominante para tomar decisiones.
El proyecto propone incorporar un segundo párrafo al artículo 2 de la Ley I – Nº 3, conocida anteriormente como Decreto Ley 1214/60. Con esta modificación, el Ejecutivo busca precisar el alcance de las competencias del Tribunal de Cuentas, responsable del control externo de los recursos públicos y de determinar responsabilidades y sanciones cuando corresponda.
“Gobernar es rendir cuentas a diario”
A través de sus redes sociales, Passalacqua defendió la iniciativa como una medida concreta para transparentar la gestión estatal. “Los misioneros necesitan claridad, apertura y una gestión de cara a la gente, y quienes tenemos la responsabilidad de gobernar y manejar los recursos públicos trabajamos 24/7 para garantizar absoluta transparencia con medidas concretas”, expresó el mandatario.
En la misma publicación, remarcó que la rendición de cuentas debe formar parte de la gestión cotidiana. “No solo no esquivamos esa responsabilidad, sino que es una convicción profunda: hoy en Misiones gobernar es rendir cuentas a diario”, afirmó.
Más control sobre los recursos públicos
Los fundamentos que el Poder Ejecutivo remitió a Legislatura sostienen que la modificación busca fortalecer la transparencia y aportar mayor seguridad jurídica al marco regulatorio vigente. El documento también destaca la importancia de contar con reglas claras para que la ciudadanía conozca cómo se controlan los recursos públicos.
En esa línea, el Gobierno provincial considera necesario mencionar de manera expresa a las empresas estatales dentro de la ley, para ratificar que estas estructuras también están comprendidas en las facultades de fiscalización del organismo. La iniciativa no propone crear una nueva entidad de control, sino precisar legalmente el alcance de las atribuciones existentes.
El texto consta de tres artículos: el primero incorpora la nueva disposición, el segundo establece que la reforma comenzará a regir el 1 de enero de 2027 y el tercero corresponde a la fórmula legal de cierre. Según los fundamentos oficiales, el plazo responde a razones organizativas y de coordinación, mientras que el proyecto deberá avanzar ahora en el ámbito legislativo.
