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La renovación de visas de trabajo en Estados Unidos para ciudadanos de Guatemala podría quedar sujeta a nuevas condiciones de revisión si prospera una propuesta del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis). El proyecto plantea que los funcionarios analicen cada solicitud de extensión de manera independiente, incluso cuando el interesado ya haya obtenido una aprobación para el mismo empleo.
Qué cambiaría en las extensiones de visas de trabajo del Uscis para guatemaltecos
Aunque la propuesta no está dirigida específicamente a Guatemala, podría repercutir en los ciudadanos de ese país que trabajan en EE.UU. con visas temporales. También podría tener consecuencias para quienes dependen de la situación migratoria de un trabajador principal.
El proyecto, publicado el 14 de octubre en el Registro Federal, busca eliminar la disposición 8 CFR 214.1(c)(5), que establece que los funcionarios deben considerar las decisiones favorables anteriores al resolver determinadas solicitudes de extensión de estadía o de validez de peticiones laborales presentadas mediante el formulario I-129.
Actualmente, esa disposición contempla la deferencia hacia una aprobación previa cuando el nuevo trámite involucra a las mismas partes y mantiene los hechos fundamentales del caso. Si la propuesta entra en vigor, esa aprobación dejaría de funcionar como un antecedente que deba recibir un tratamiento preferencial durante la nueva evaluación.
En consecuencia, los empleadores tendrían que demostrar nuevamente que el trabajador reúne las condiciones exigidas por la categoría migratoria correspondiente. El Uscis podría examinar toda la documentación presentada y determinar si se mantienen los requisitos necesarios, sin asumir que la decisión anterior confirma la elegibilidad para una extensión.
Por qué el gobierno federal quiere eliminar la deferencia previa
El DHS sostiene que la modificación permitiría aplicar la sección 291 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés), que asigna al peticionario la responsabilidad de demostrar que se cumplen los requisitos migratorios. Según la agencia, las aprobaciones anteriores no deberían limitar la facultad de los funcionarios para revisar la evidencia actualizada.
Entre los motivos expuestos figura la posibilidad de que una decisión inicial basada en información incompleta o incorrecta continúe con efectos en renovaciones posteriores. La agencia también señala que una revisión menos exhaustiva podría dificultar la detección de declaraciones falsas, incumplimientos o posibles fraudes.
Para respaldar su posición, el Uscis cita registros de auditorías y visitas a lugares de trabajo correspondientes a los años fiscales 2018 a 2025:
- En el programa H-1B, la tasa combinada de fraude e incumplimiento fue del 16,77% durante los años sin deferencia, frente al 22,39% en los períodos en que se aplicaba.
- En la categoría L-1A, los porcentajes fueron del 18,37% y del 24,46%, respectivamente.
Qué trabajadores guatemaltecos podrían verse afectados
La modificación abarcaría las peticiones presentadas mediante el formulario I-129, por lo que su alcance incluiría a guatemaltecos con distintas clases de visas temporales, entre ellos se encuentran:
- Visas H-1B: para profesionales en ocupaciones especializadas.
- Visas H-2A y H-2B: para trabajadores agrícolas y no agrícolas temporales.
- Visas TN: creadas bajo el tratado de libre comercio (T-MEC) y ampliamente utilizadas por profesionales de México.
- Visas L-1: para transferencias de ejecutivos o personal especializado intraempresarial.
- Visas E-1, E-2 y E-3: para inversionistas, comerciantes y profesionales calificados.
- Otras categorías: incluye visas O-1, P-1, P-2, P-3, Q-1 y R-1.
El DHS calcula que eliminar la deferencia podría incrementar en un 2,9% la tasa de solicitudes de evidencia adicional (RFE, por sus siglas en inglés). La estimación equivale a 6044 requerimientos adicionales por año en el conjunto de los casos alcanzados por la medida.
Según los cálculos presentados por la agencia, las peticiones que reciben una RFE tardan, en promedio, 64 días calendario más en procesarse que aquellas que no requieren documentación adicional. El gobierno federal también proyecta un costo anual de US$133.987 por el tiempo que empleadores y especialistas dedicarían a responder los requerimientos adicionales.
Qué deben tener en cuenta los inmigrantes y sus empleadores
La propuesta no significa que todas las extensiones vayan a ser rechazadas ni que los permisos existentes queden anulados automáticamente. Su objetivo es modificar la forma en que el Uscis evalúa determinadas solicitudes, mediante una revisión individual de los requisitos y de las pruebas presentadas en cada expediente.
La información proporcionada por el DHS también contempla que una solicitud de extensión presentada oportunamente, antes del vencimiento del estatus, puede permitir que el beneficiario permanezca en EE.UU. durante un período de estancia autorizada mientras espera una decisión, según las condiciones aplicables.
Por ahora, la iniciativa se encuentra en la etapa de propuesta regulatoria. El DHS recibirá comentarios hasta el 13 de noviembre y, una vez concluida esa instancia, evaluará las observaciones antes de decidir si publica una regla definitiva.
