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Desde abril de 2024, la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informada mensualmente por el Indec determina el reajuste de las jubilaciones y pensiones pagadas por la Anses.
El dato usado para la movilidad de los ingresos tiene un rezago de dos meses, tal como lo establece el decreto de necesidad y urgencia 274 de marzo de 2024. Hay una cuestión práctica detrás de esa disposición: el organismo de la seguridad social toma el dato más reciente que se conoce al momento de liquidar las prestaciones. De esa manera, por ejemplo, este mes se aplica un reajuste de 2,85%, que fue el índice de inflación de diciembre pasado (en rigor, el Indec comunicó un 2,8%, pero a los fines de la movilidad se consideran dos decimales).
Dada esa dinámica, si la inflación de enero medida con la metodología renovada arrojara un índice más alto que el derivado del método usado hasta 2025, al decidirse la no utilización de la nueva metodología, en marzo los jubilados y muchas otras personas tendrían ingresos inferiores a los que percibirían en caso de usarse el nuevo índice. Y lo contrario ocurriría, claro, si diera más elevado el índice con la actualización metodológica que el usado hasta el año pasado.
Podría ocurrir que, más allá del índice de un mes en particular, en la primera parte del año se acumule una inflación que resulte superior con el índice renovado que con el “viejo”. En tal hipótesis, los incrementos posteriores se calcularían luego sobre ingresos más bajos que los que habrían resultado de aplicar la actualización (que incluye darle mayor peso en el cálculo a rubros como los de algunos servicios).
La consecuencia sobre los bolsillos tiene su contracara en el nivel de erogaciones de fondos públicos, un tema muy sensible para el gobierno libertario. Los gastos de la seguridad social representan el 56,7% del gasto total, según el informe más reciente de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), con datos de todo 2025.
El alcance de la movilidad
La movilidad mensual según el IPC se aplica sobre las 7,5 millones de prestaciones del sistema previsional contributivo, cobradas por cerca de 6,1 millones de jubilados y pensionados. El índice también repercute en los pagos no contributivos, como la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), los ingresos de madres de 7 o más hijos y las pensiones por discapacidad (en total, unos 1,52 millones de beneficiarios).
Además, la actualización mensual se aplica a la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo (AUH y AUE), que cobran los trabajadores desocupados o informales a cargo de hijos menores de edad o incapacitados para el trabajo, y también a las prestaciones del salario familiar que percibe un grupo de empleados registrados y de monotributistas (asignaciones por hijo y por otros conceptos).
Tanto para 2025 como para el actual 2026, el Gobierno de Javier Milei tuvo la intención de eliminar la movilidad para los pagos por hijos. Incluyó esa propuesta en las iniciativas de Presupuesto de cada año. Sin embargo, el oficialismo no obtuvo la aprobación de la ley de gastos de 2025 por parte del Congreso, y, en el caso de este año, esa cláusula quedó excluida, al rechazarse el capítulo del proyecto de ley en el cual estaba el artículo correspondiente.
Qué pasó en 2025
¿Qué ocurrió en 2025, el primer año completo en el cual se aplicó la actualización de los ingresos por inflación? El período terminó con una inflación de 31,5%, mientras que los haberes jubilatorios (sin bono) se incrementaron un 31,3%. Prácticamente un empate para unos 3 millones de prestatarios, siempre considerando que el índice de inflación del Indec surge lógicamente de un promedio de precios, con el cual los diferentes hogares pueden no sentirse identificados.
Sin embargo, eso que ocurrió con los haberes propiamente dichos, no sucedió con el ingreso más bajo del sistema. En este último caso, la variación de lo cobrado fue bastante más reducida, porque durante todo el año se mantuvo congelado el bono mensual de hasta $70.000. Esa falta de movilidad para una parte significativa del ingreso provocó que la variación del monto fuera en todo 2025 de 24,7%, con una pérdida de poder de compra de 5,2%. Esa caída impactó en el bolsillo de unos 3 millones de jubilados y pensionados del régimen contributivo y de cerca de un millón y medio de prestatarios de ingresos no contributivos.
Tal como ya se explicó, el índice aplicado para la movilidad es la inflación con dos meses de rezago. Eso determina que, si el índice de variación de precios se mueve con tendencia al alza, las ingresos pierden poder de compra. Y, por el contrario, si hay tendencia de inflación a la baja, entonces, el valor adquisitivo de los ingresos mejora (en este segundo caso, se aplica una movilidad más alta que la inflación del mes en el cual se cobra la prestación).
En 2025, la inflación estuvo a la baja durante un período, pero en julio hubo una suba intermensual, en agosto un estancamiento y, entre septiembre y diciembre, aumentos del índice. El resultado de la movilidad fue el comentado: los ingresos ajustados por el IPC de dos meses atrás terminaron el año casi empatando con la suba de precios.
Cuando Milei habló en Cadena Nacional sobre el Presupuesto 2026, en septiembre pasado, afirmó que el proyecto aumentaba “el gasto en jubilaciones un 5%” y que “el monto recibido por cada pensionado por discapacidad también aumentará en un 5% por encima de la inflación del 2026″. La iniciativa enviada al Congreso no preveía, en rigor, ningún incremento extraordinario, sino solo la continuidad del mecanismo de movilidad por IPC. Por lo tanto, ese 5% solo es una proyección (no una medida determinante), que surge de considerar que el dato de inflación irá a la baja y que, por lo tanto, el año finalizaría con una suba de ingresos superior al alza promedio de precios.
