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Sandra Pettovello desplazó a su jefe de Gabinete, Leandro Massaccesi, tras conocerse que el funcionario había accedido a un crédito hipotecario en el Banco Nación. Según indicaron fuentes del Gobierno a LA NACION, la ministra no cuestiona el otorgamiento de estos préstamos, pero evaluó que se trató de una decisión de “alto perfil” que debió haber sido consultada previamente y que generó “ruido” dentro de la cartera.
La salida se da en medio de una creciente exposición sobre los préstamos otorgados a funcionarios y legisladores del oficialismo. Este miércoles, la oposición en el Congreso pidió investigar estas operaciones, mientras que la entidad financiera aseguró en un comunicado que el proceso de acceso es “homogéneo y sin excepciones”, aunque desde 2024 existe una línea diferencial para empleados públicos con condiciones más favorables.
La discusión se intensificó tras la difusión de datos públicos a través del sitio “¿Cuánto deben?”, que releva información de la Central de Deudores del Banco Central.
A partir de ese relevamiento comenzaron a circular nombres de funcionarios y dirigentes oficialistas con créditos hipotecarios de magnitud. Entre ellos figuran Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y asesor del ministro de Economía, Luis Caputo, con una deuda inicial de $373.000.000 (unos US$315.000) desde febrero de 2025; Federico Furiase, exdirector del BCRA y actual secretario de Finanzas, con un pasivo de $367.059.000 (US$280.787) desde agosto de 2025; y Pedro Inchauspe, también director del Banco Central, con $510.654.000 (US$345.492) desde diciembre de ese año.
En el Ministerio de Economía no respondieron las consultas de este medio, mientras que en el Banco Central evitaron dar explicaciones. Según los datos relevados, los créditos fueron otorgados durante las gestiones de Daniel Tillard al frente del Banco Nación, entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025, y continuaron tras su reemplazo por Darío Wasserman.
También aparecen Juan Pablo Carreira —“Juan Doe” en la red social X—, director nacional de Comunicación Digital y a cargo de la Oficina de Respuesta Oficial, con un crédito por $112.948.000 (US$76.417); Emiliano José Mongilardi, director de YPF, con $309.507.000 (US$207.766); y los diputados de La Libertad Avanza Alejandro Bongiovanni, Mariano Campero y Lorena Villaverde, con deudas que oscilan entre los $230 millones y los $279 millones, según los distintos períodos relevados.
En ese contexto, en la oposición avanzaron con pedidos formales. El diputado socialista Esteban Paulón presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo y solicitó precisiones al Ministerio de Economía, la Jefatura de Gabinete y el directorio del Banco Nación. Además, requirió acceso a la información ante la entidad.
“Si bien es cierto que hay una práctica habitual de los bancos de otorgar créditos con tasas preferenciales a quienes cobran sus salarios o tienen servicios en esas entidades, también llama muchísimo la atención el otorgamiento de préstamos de varios cientos de millones de pesos a funcionarios del Gobierno y legisladores vinculados a La Libertad Avanza, en algunos casos luego de haberse afiliado al partido o tras votaciones trascendentales”, dijo Paulón a LA NACION.
El legislador también mencionó casos puntuales: “Llama muchísimo la atención el otorgamiento a funcionarios de la Jefatura de Gabinete, como Juan Pablo Carreira; del Ministerio de Economía, como Felipe Núñez; y a diputados como Mariano Cantero, Alejandro Bongiovanni o Santiago Santurio”.
“A partir de la información que obtengamos, evaluaremos qué medidas tomar. Es fundamental que haya total transparencia en el manejo de la banca pública, sobre todo después de antecedentes como el caso Vicentin, que hoy está bajo investigación judicial”, concluyó.
En paralelo, el Banco Nación defendió su operatoria y destacó su peso en el mercado. “Nueve de cada diez créditos hipotecarios en la Argentina los otorga el Banco Nación”, señaló la entidad, que informó haber concedido más de 27.000 préstamos desde el lanzamiento de su línea. También remarcó que el proceso es “homogéneo, sin excepciones” y que su fuerte participación se vincula con la administración de cuentas sueldo del sector público.
Desde la entidad explicaron además que existen líneas específicas para empleados públicos, como “+Hogares sector público”, que permiten financiar hasta el 90% del valor del inmueble, frente al 75% de la línea general, y sostuvieron que los otorgamientos se realizan respetando los criterios de evaluación crediticia.
Fuentes del sector financiero indicaron que este tipo de líneas diferenciales también existe en otras entidades, especialmente de origen estatal, aunque plantearon que puede discutirse si los funcionarios políticos —con menor estabilidad laboral— deben ser equiparados a empleados públicos en el análisis crediticio. También señalaron que las tasas ofrecidas por estas líneas se ubican entre las más competitivas del mercado local.
