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La reducción de impuestos aplicada por el Gobierno nacional comenzó a reflejarse en la recaudación, lo que obliga a reforzar el ajuste del gasto público para sostener el equilibrio fiscal. La medida forma parte de la estrategia económica basada en la baja de la presión tributaria y el control del gasto.
Entre los cambios implementados se encuentran la reducción de retenciones a productos agropecuarios, la eliminación de derechos de exportación para economías regionales y la baja de impuestos internos para productos electrónicos. También se modificaron aranceles de importación y alícuotas en tributos como Ganancias y Bienes Personales.
Desde el Gobierno sostienen que “la baja de impuestos busca incentivar la actividad económica y mejorar la competitividad”. En esa línea, remarcan que el objetivo es generar condiciones para una mayor producción y exportación.
Sin embargo, los datos oficiales muestran una caída en la recaudación tributaria en los últimos meses, en un contexto en el que algunos sectores aportan menos al fisco. Esto impacta directamente en los ingresos del Estado y en su capacidad de financiamiento.
Ante este escenario, el Ejecutivo avanza en la revisión de partidas presupuestarias y en la reducción de gastos. “Para mantener el superávit fiscal es necesario ajustar el nivel de gasto a los recursos disponibles”, señalan fuentes oficiales.
La política económica se apoya en la premisa de sostener el equilibrio fiscal mediante una combinación de menor carga impositiva y control del gasto público. En ese esquema, el ajuste aparece como una herramienta para compensar la caída de ingresos.
