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Sobre el piso de parquet, prolijamente ordenados y fotografiados, aparecen los objetos que hoy forman parte central de una causa judicial. La imagen fue tomada el 13 de marzo pasado y quedó incorporada al expediente: jeringas de distintos tamaños, ampollas, envases médicos, cajas con insumos y bolsas transparentes rotuladas como material secuestrado. A un costado, dispositivos electrónicos: un teléfono celular, una notebook y un CPU, todos incautados durante los allanamientos dispuestos en el marco de la investigación.
La fotografía condensa una de las preguntas que hoy atraviesan la causa: qué hacían esos elementos de uso hospitalario en un departamento privado y cómo los explicó su propietario ante la Justicia. En particular, la presencia de jeringas dio lugar a una de las declaraciones más llamativas del expediente. En su indagatoria, el anestesiólogo Hernán Boveri sostuvo que las jeringas encontradas en su domicilio no estaban destinadas al consumo humano, sino que eran para “uso veterinario”, según quedó asentado en las actuaciones de la causa en la que está procesado por administración fraudulenta.
A partir de esos hallazgos, la investigación por la sustracción y el consumo de anestésicos que habrían salido de manera irregular del Hospital Italiano avanzó sobre distintos frentes. En el centro de ese tramo del expediente quedaron, por un lado, las explicaciones brindadas por Boveri sobre los elementos secuestrados en su vivienda y, por otro, el análisis del contenido de su teléfono celular personal. Ambas cuestiones fueron incorporadas formalmente como medidas de prueba, según pudo saber LA NACION.
Durante su declaración, Boveri amplió su versión sobre los insumos incautados. Además de atribuir las jeringas a un supuesto uso veterinario, afirmó que algunos de los medicamentos hallados estaban vencidos y que, aun si no lo hubieran estado, no podían ser utilizados sin equipamiento específico del que, aseguró, no disponía en su domicilio. No precisó, sin embargo, qué tipo de procedimientos veterinarios realizaba, en qué contexto ni con qué frecuencia iba a utilizar ese material, aclaraciones que no surgen de su exposición ante el juez.
Los allanamientos que derivaron en el secuestro de esos elementos fueron ordenados en el marco de una investigación que busca reconstruir cómo anestésicos de uso estrictamente intrahospitalario salieron del circuito legal y aparecieron en ámbitos ajenos a cualquier práctica médica. En esa etapa, los investigadores pusieron la lupa no solo en la procedencia de los fármacos, sino también en la presencia de insumos médicos en un ámbito privado, la posibilidad de su uso fuera de controles institucionales.
El celular de Boveri
En paralelo a los allanamientos, la Justicia dispuso una medida considerada clave: el acceso al teléfono celular personal de Boveri. De acuerdo con lo que surge del expediente, los peritos pudieron ingresar al contenido del dispositivo luego de que el propio anestesiólogo facilitara voluntariamente la clave de desbloqueo, lo que permitió revisar mensajes, registros y comunicaciones sin necesidad de forzar el acceso.
El análisis del teléfono se incorporó a un legajo de investigación que continúa en trámite, junto con otras medidas todavía pendientes. Según pudo reconstruir LA NACION, hasta el momento no surgieron del examen del dispositivo elementos que confirmen ni descarten versiones que circularon por fuera del expediente judicial, incluidas las difundidas a través de audios virales que no forman parte formal de la causa.
Fuentes judiciales señalaron que ese dato debe leerse con cautela. El hecho de que en esta etapa no se hayan incorporado pruebas en uno u otro sentido no implica una definición sobre la responsabilidad penal del imputado, ya que la investigación se encuentra en fase de instrucción y el material digital es analizado en conjunto con el resto de la evidencia reunida.
La causa continúa en trámite, con pericias complementarias y nuevas medidas de prueba en análisis. En paralelo, se mantiene la situación procesal dispuesta por el juez: Hernán Boveri fue procesado como autor y Delfina Lanusse como partícipe secundaria por el delito de administración fraudulenta, sin prisión preventiva y se les trabaron embargos por 70 y 30 millones de pesos, respectivamente. La investigación por la muerte del anestesiólogo Alejandro Zalazar se tramita en un expediente separado, aunque con puntos de contacto que la Justicia sigue examinando.
