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El hecho comenzó tras la muerte de una mujer que tenía alrededor de 30 animales en su vivienda, algunos en estado delicado. Según relataron vecinos, existían reclamos previos por el hacinamiento y los olores. Luego del fallecimiento, el marido manifestó que no podía hacerse cargo de los perros.
En ese contexto, el intendente Miguel Vargas intervino en la situación y, según se viralizó en un video, habría señalado que los animales serían retirados y trasladados “a la perrera, muy lejos”, lo que despertó sospechas sobre su destino.
Con el correr de los días y ante la falta de respuestas claras, la Justicia lo citó como “testigo sospechoso”. En su declaración, el jefe comunal aseguró que los perros fueron entregados a distintas personas que se acercaron al municipio, aunque hasta el momento no se difundió públicamente el listado de quienes los habrían adoptado.
De acuerdo a esa versión, unas 12 personas se habrían llevado los animales, en promedio dos cada una, y muchos habrían sido trasladados a otros municipios. Sin embargo, a más de 20 días del hecho, no hay registros concretos ni confirmación sobre el paradero de los perros.
La incertidumbre generó un fuerte malestar social. Proteccionistas y vecinos se movilizaron frente al Juzgado de Instrucción para exigir respuestas y mayor transparencia en la investigación. Incluso, se ofreció una recompensa de un millón de pesos para quienes aporten información.
En medio de la falta de certezas, crecen las sospechas y versiones sobre un posible sacrificio de los animales, algo que por ahora no fue confirmado. La causa sigue en etapa de investigación y se esperan avances en los próximos días.