M., empleada del Concejo Deliberante de Caraguatay que denunció por presunto abuso al intendente Mario Peyer, decidió contar en primera persona su versión de los hechos y cómo atraviesa su situación emocional tras el inicio del proceso judicial.

En diálogo con El Territorio, la mujer explicó que resolvió hacer pública su palabra luego de conocer la decisión de la fiscalía de solicitar el sobreseimiento de Peyer, fundamentado en la falta de pruebas concretas sobre el hecho denunciado.

Por otra parte, fuentes judiciales indicaron que, para dar continuidad a la investigación, el juzgado emitió una cédula en la que se notifica a las partes que cuentan con un plazo de diez días para presentar nuevas medidas de prueba en el expediente.

Según manifestó la abogada defensora de la denunciante, Liliana Rolón, aún restan instancias clave dentro del proceso. En ese sentido, señaló que todavía deben evaluarse pruebas como la triangulación de teléfonos, entre otras, que serán analizadas por el juez de Instrucción N° 1 de Puerto Rico, Manuel Balanda Gómez.

El relato de la denunciante y la respuesta del intendente

La mujer, de 32 años, expresó en un video enviado a este medio que necesita que se conozca su versión de lo ocurrido y detalló el impacto que la situación tuvo en su vida. Afirmó que le resultó muy difícil hablar de lo sucedido y que, desde entonces, padece episodios de ansiedad, pánico y miedo constante, lo que le impidió continuar trabajando con normalidad.

En esa exposición pública, la denunciante reiteró lo que ya había declarado en dos oportunidades ante el magistrado interviniente, ratificando la denuncia por abuso y violación, y solicitó que la causa no sea archivada.

En paralelo, este jueves por la mañana, Peyer se presentó en el edificio municipal para retomar sus funciones como intendente. En declaraciones a un medio local, sostuvo que no existen pruebas en su contra y manifestó su confianza en que la resolución judicial será favorable.

En ese marco, inició un relevamiento de la situación en la comuna, dispuso la reincorporación de funcionarios que habían sido apartados durante la gestión de la intendenta interina Norma Gularte y adelantó que impulsará presentaciones judiciales por presuntas falsas acusaciones.

Asimismo, debido a la vigencia de una prohibición de acercamiento hacia la denunciante, el jefe comunal desarrolla sus actividades bajo custodia policial mientras cumple funciones en el municipio.