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La Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán resolvió apartar al juez federal Sebastián Argibay, de Santiago del Estero, de la causa por presunto lavado de dinero por la que se pidió la detención del presidente de la AFA, Claudio Tapia, y del tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, considerado por Chiqui como su mano derecha. Por lo tanto, otro magistrado deberá resolver si detienen e inhiben los bienes de ambos dirigentes, también procesados por la Justicia en la causa de evasión de aportes.
La sospecha estaba instalada en un supuesto vínculo comercial entre Argibay o familiares suyos con Toviggino en la venta de una finca que se habría escriturado por debajo de su valor (200 millones de euros y se puso 20). De todas maneras, hay versiones en la prensa tucumana que en realidad la transacción fue entre familiares directos de ambos, una hija del magistrado y un hermano del dirigente.
Clarín tuvo el testimonio de un camarista: «Mañana (por este martes) seguramente saldrá publicada la aceptación de la recusación de Argibay en el Lex 100, la plataforma de la Justicia Federal donde se firman las resoluciones oficiales. La decisión ya fue tomada».
Recordar: Toviggino tiene muchos contactos políticos en Santiago. Uno con Gerardo Zamora, ex gobernador y actual senador. Y la sospecha de una posible impunidad a través de los contactos políticos estaba instalada.
Como Argibay estaba de vacaciones, el expediente pasó temporalmente al juez de turno de Tucumán, Guillermo Díaz, quien no resolvió el fondo del pedido y remitió todo de vuelta a la resolución de la recusación.
Sebastián Argibay, el juez que fue separado de la causa.
Tras la salida de Argibay, la causa debe pasar a otro juez federal también con competencia en la jurisdicción que abarca Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero. Candidatos: Miguel Contreras, José Manuel Díaz Vélez y Guillermo Díaz Martínez.
Esto se supo un día después de la difusión de que a la novia de Toviggino, María Florencia Sartirana, y otro testaferro del tesorero de la AFA, les habían cerrado las cuentas en la entidad Coinag de Rosario, quien había recibido depósitos de 10.000 millones de pesos por transferencias de empresas (varias de ellas pymes), con domicilios en pequeños locales sin empleados de Santiago del Estero.
Además, Toviggino tiene otro frente judicial abierto por la mansión de Pilar que figura a nombre de una jubilada, Ana Conte, y de un monotributista e hijo de la mujer, de apellido Pantano, y con cotización calculada en 16 millones de dólares.
La mansión de Pilar investigada.
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