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Una agrupación de inquilinos manifestó su preocupación ante el proyecto de ley sobre inviolabilidad de la propiedad privada que el Senado analiza. La propuesta habilita desalojos por vía sumarísima, con tiempos más breves que los actuales, lo que generó rechazo entre organizaciones de arrendatarios.
El titular de Inquilinos Agrupados, Gervasio Muñoz, cuestionó con dureza la iniciativa: “No existe una ley tan violenta como la que se está planteando. No hay antecedentes en la región con tan poca protección para quienes alquilan vivienda”. Según explicó, el esquema permitiría que ante un atraso, “el dueño notifique en tres días y, en cinco, el juez ejecute el desalojo”.
La propuesta modifica artículos del Código Procesal Civil y Comercial y del Código Civil y Comercial de la Nación. Establece que casos de falta de pago, intrusión o toma de inmuebles se tramiten mediante juicio sumarísimo, el mecanismo más rápido del sistema judicial.
Impacto en los inquilinos
Muñoz advirtió que el proyecto elimina la posibilidad de regularizar deudas una vez iniciado el proceso judicial. “Si se atrasó, va directamente a la calle. El proyecto impide saldar la deuda aun si se paga el monto adeudado”, afirmó. En ese sentido, vinculó la situación con el contexto económico: “Muchas empresas pagan salarios en cuotas y se quitaron protecciones al alquiler”.
El dirigente también cuestionó el argumento oficial sobre seguridad jurídica. “Permite avanzar rápidamente contra los inquilinos y restringe la protección. Hoy el plazo de notificación es de diez días y lo reducen a tres”, detalló. Además, indicó que con dos meses de deuda el desalojo podría ejecutarse de forma inmediata.
La organización difundió datos sobre el aumento del endeudamiento entre inquilinos. “Empezamos a medir durante la pandemia y constatamos que creció la morosidad, el desempleo y el multiempleo”, señaló Muñoz. Según el informe, la mayoría de quienes alquilan tiene empleo registrado y nivel educativo alto, aunque eso no evita dificultades para afrontar los pagos.
“La morosidad creció y el motivo principal es el endeudamiento para comprar alimentos”, indicó. En ese marco, sostuvo que la discusión legislativa no responde a una crisis de propiedad privada, sino a un deterioro en los ingresos: “Cada vez más familias tienen dificultades para pagar el alquiler”.
Antecedentes y debate en curso
El artículo sobre desalojos del Código Civil tuvo su última modificación en 2001, en un escenario de crisis económica, cuando se introdujo el llamado “desalojo exprés”. El nuevo proyecto retoma aspectos de ese esquema y, según la agrupación, amplía sus alcances.
“No existe una ley que obligue a esperar dos años para desalojar”, aclaró Muñoz. “El problema no está en una protección excesiva, sino en la economía y el acceso a la vivienda”, agregó.
El proyecto continúa en tratamiento en el Senado, mientras organizaciones insisten en que la medida podría profundizar la vulnerabilidad habitacional.
