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La Argentina cuenta con altos niveles de carga tributaria. En los primeros dos años de gobierno de Milei, la presión tributaria se redujo levemente, si se considera la recaudación como porcentaje del producto bruto interno (PBI). Pero la baja no se produjo por una reforma estructural en el sistema, sino por la decisión de no prorrogar la vigencia del Impuesto PAIS, que se implementó como un impuesto de emergencia y pesaba sobre las operaciones de compra de bienes y servicios en el exterior (un tributo que afectaba a los sectores más acomodados de la Argentina). Así lo consigna un informe del Centro de Estudios Tributarios de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Austral, que especifíca que la reducción fue ínfima: 0,85 puntos porcentuales.
El estudio expone un rasgo estructural crítico: el sistema tributario argentino es más gravoso que el de sus pares de Latinoamérica y tiene mayores costos de recaudación. Mientras el promedio de América Latina redujo estos costos, Argentina incrementó, alcanzando 1,31 unidades monetarias por cada cien recaudadas un hándicap que lo ubica cerca de países como Dominica (1,78), Antigua y Barbuda (1,56), y Panamá (1,47). Muy lejos de Brasil (0,32), Chile (0,59) y Paraguay (0,61).
Esta combinación de carga y burocracia impacta directamente en el Índice de Performance de Política Tributaria, elaborado por la casa de estudios siguiendo la metodología diseñada por la Fundación Bertelsmann de Alemania: apenas pasó de 4,3 a 4,4.
Está claro que en Argentina la elevada carga tributaria y la complejidad del sistema afectan negativamente la actividad económica y el desarrollo. Un sistema impositivo mal diseñado o excesivamente elevado como el de nuestro país, constituye una barrera para la formalización, la generación de riqueza y el desarrollo económico.
El alto nivel de informalidad que existe hoy en la economía argentina es consecuencia de la elevada presión fiscal, la complejidad del sistema tributario y la falta de incentivos a la formalización. Esto profundiza las desigualdades y debilita la capacidad del Estado para sostener el gasto público: salud, educación, seguridad, obras de infraestructura.
El avance de la informalidad no sólo reduce la recaudación, sino que también termina afectando a los sectores de menores ingresos.
La tributarista Fernanda Laiún señala que la informalidad representa una porción significativa de la actividad económica: “Se estima que la economía en negro está entre un 40% y 50% del total”, afirma. Este fenómeno implica que una gran parte de las operaciones no tributan, lo que reduce los ingresos del Estado y como consecuencia limita su capacidad para financiar servicios esenciales como los enumerados en párrafos anteriores y jubilaciones, entre otros gastos.
La especialista explica que en este contexto la carga impositiva termina siendo más regresiva porque en el caso del 21% del IVA lo pagan todos por igual y eso afecta especialmente a quienes tienen ingresos más bajos.
IVA: el impuesto escondido que encarece todo
Vamos a tratar de ser lo más didácticos posible para que se entienda el robo del IVA. Cada vez que un argentino compra un auto o una moto cero kilómetro se da la siguiente secuencia. Llega a la concesionaria y debe firmar al menos una veintena de papeles. Cumplido esos trámites, pasa al salón de entrega, posa para la foto familiar, acaricia su nueva adquisición y escucha las instrucciones sobre el instrumental que le explica el vendedor. Luego, le dan la llave. Pone en marcha el vehículo y se va contento. Lo que jamás habrá tomado conciencia es que terminó de concretar una operación en la que pagó un poco más de dos unidades: una se la llevó a su casa y la otra se la regaló al Estado.
Si esa misma persona pasa por una estación de servicio y carga nafta, es muy probable que tampoco tenga claro que por cada 100 pesos que paga, casi 30 van a la recaudación del IVA y del impuesto a los combustibles líquidos, este último un tributo que se creó para financiar la infraestructura vial y que el gobierno lo cobra hace dos años y no los destina para el fin que fue creado. Nadie sabe adónde va a parar lo recaudado en concepto de impuestos a los combustibles líquidos, basta con ver el estado calamitoso de las rutas argentinas.
Si pasa por el supermercado y compra cualquier alimento, también va a pagar una porción enorme de impuestos por encima del valor del bien, esos impuestos hacen que un paquete de arroz o una botella de agua cuesten casi el doble. Según datos del IARAF, el sistema tributario argentino grava, en promedio, con un 41,9% de impuestos sobre el ticket de compra. O lo que es lo mismo, al precio de cada producto alimenticio se le suma un 72% de carga tributaria. Datos, no opinión. La cruda pregunta que surge ante esta descripción es ¿qué nos da la Nación a cambio de todo lo que aportamos, si la salud, la educación, la seguridad y las obras de infraestructura se banca con fondos de las provincias?
Misiones vuelve a la carga por un reclamo histórico
La Provincia volvió a poner sobre la mesa la exigencia de condiciones fiscales diferenciadas para poder competir con Paraguay y Brasil en igualdad de condiciones. La iniciativa busca exenciones impositivas para compensar las asimetrías fronterizas (Misiones tiene el 90% de sus límites internacionales) y potenciar el crecimiento económico. Misiones aporta como la octava economía del país, pero a la hora del reparto de la Coparticipación recibe como si fuera la última. Dicho esto, el reclamo es un acto de justicia.
El planteo se vuelve a instalar en la agenda, en un contexto en donde asoma la discusión de la reforma fiscal que impulsa el gobierno de Milei. A diferencia del pasado, la iniciativa impulsada por Encuentro Misionero no se limita a una herramienta puntual como lo fue la Zona Aduanera Especial que logró ser aprobada en el Congreso y luego fue vetada por Alberto Fernández, en esta oportunidad lo que se propone es un régimen integral que generaría un impacto directo sobre el consumo, la producción, la inversión y el sistema financiero.
El diputado del Misionerismo José Pastori explicó en su cuenta de X los números del Régimen Especial. El impacto más visible en el consumo cotidiano se daría en la exención del IVA que permitiría una reducción de hasta el 25% en el precio final de los productos. La propuesta implica que las ventas desde el resto del país hacia Misiones no estén gravadas por el IVA. Esto se trasladaría directamente a los precios finales de góndola y mejoraría la competitividad frente a ciudades fronterizas. Si vamos a un ejemplo concreto, una compra de 10 mil pesos en el supermercado podría pasar a costar alrededor de $7.900. El dato relevante es que el esquema también incluye servicios básicos como la energía eléctrica e internet.
Otro de los puntos centrales gira en torno al Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC): el proyecto contempla la eliminación total de un impuesto que se cobra pero que no vuelve en inversiones. Como dijimos anteriormente, basta con ver el estado calamitoso de las rutas nacionales. La eliminación de este tributo implicaría un ahorro estimado en $15.200 por cada tanque lleno. Esto tendría un impacto directo en toda la cadena productiva ya que reduciría los costos logísticos, además de beneficiar a los automovilistas particulares.
Con respecto a Ganancias, el esquema propuesto por Encuentro Misionero proyecta una baja de la alícuota del 35 al 15%, lo que inyectaría unos 530 mil millones de pesos anuales directamente al sector productivo misionero.
A esto se le suma la eliminación del impuesto a los créditos y los débitos, más conocido como “impuesto al cheque”, lo que permitiría recuperar hasta un 10% del margen neto para nuestras economías regionales: yerba mate, té y madera. No se trata solo de bajar precios, sino también de liberar recursos para que el sector productivo pueda reinvertir, generar empleo y tener mayor competitividad.
El proyecto impulsado por Encuentro Misionero generó rápidamente repercusiones en diferentes sectores de la economía doméstica. El presidente de la Federación Económica Brasil, Argentina y Paraguay (FEBAP), Daniel Ríos, expresó el acompañamiento del sector empresarial a la propuesta: “apostamos a que se puedan solucionar de la manera más diplomática posible a nivel Nación, porque esto ya trasciende lo que es Provincia y tiene que ver con el marco de las leyes nacionales”.
Por su parte, desde la Cámara de Comercio e Industria de Posadas, el presidente de la entidad Federico Panozzo señaló que se trata de una herramienta largamente solicitada por el sector: “entendemos que hay una desigualdad y que competimos directamente con países que tienen otra infraestructura impositiva. Necesitamos herramientas que nos ayuden”.
“Invertí Misiones”, el RIGI con sello misionero
La última semana dejó una noticia de alto impacto que se suma al reclamo histórico de un régimen impositivo diferencial para Misiones. El bloque de Encuentro Misionero impulsa un proyecto de ley denominado “Invertí Misiones”, de autoría de la legisladora provincial Paula Franco. La iniciativa tiene como objetivo atraer inversiones en sectores estratégicos, generar empleo local y fortalecer el desarrollo productivo en la provincia, mediante un esquema de beneficios fiscales, controles y indicadores de impacto económico, social y ambiental.
Se trata de una herramienta complementaria del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) que introduce una lógica distinta menos centrada en el volumen de la inversión y más enfocada en el impacto concreto sobre la economía local.
El acceso a los beneficios provinciales no es automático: está condicionado a resultados verificables en términos de empleo, encadenamientos productivos y sostenibilidad ambiental.
Franco señaló que “se busca atraer inversiones vinculadas a cuatro actividades económicas que son de interés para la provincia: energías renovables, economía del conocimiento, turismo estratégico y conectividad, y la industrialización de base agraria y la manufactura avanzada.”
El proyecto establece un régimen pensado “para la escala misionera”, con inversiones mínimas diferenciadas según el sector: Energías renovables, desde USD 2.000.000; Economía del conocimiento, desde USD 200.000; Turismo estratégico y conectividad, desde USD 1.500.000; Industrialización de base agraria y manufactura avanzada, desde USD 600.000. También contempla ampliaciones de proyectos existentes y esquemas temporarios de inversión.
En paralelo, el esquema de beneficios impositivos incluye exenciones y bonificaciones en Ingresos Brutos por hasta cinco años, con una reducción del 50% durante cinco años adicionales, exención del impuesto inmobiliario por hasta 20 años, beneficios en sellos y automotor durante la vida útil del proyecto, además de la exclusión de retenciones, percepciones y pagos a cuenta. El régimen incorpora topes y criterios de responsabilidad fiscal.
De esta forma, Encuentro Misionero pone en agenda un debate enserio en torno a cuestión impositiva y la presión fiscal nacional, con acciones concretas y sobre todo con datos reales, lejos del oportunismo político de quienes sólo buscan instalar eslóganes y frases sin sustento para captar adhesiones de algunos desprevenidos. El humo se comienza a disipar, por el bien de los misioneros.
(*) Abogado. Diplomado en Manejo de Crisis y en Análisis de Procesos Electorales. Especializado en Comunicación de Gobierno y Electoral. Becario de la Fundación Konrad Adenauer (Alemania) y del Centro de Análisis y Entrenamiento Político (Colombia).
