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En el marco de la apertura de sesiones de la Legislatura misionera, el gobernador Hugo Passalacqua volvió a poner en agenda el impacto económico de la desregulación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM). Según planteó en su discurso, la medida adoptada a nivel nacional provocó una fuerte caída en los ingresos vinculados a la actividad.
El mandatario estimó que la economía de Misiones dejó de percibir alrededor de 400 mil millones de pesos en concepto de circulante, como consecuencia de la baja en el precio de la materia prima.
Impacto en la cadena yerbatera
El eje del planteo oficial se centra en la decisión de quitarle facultades al INYM, lo que derivó en la pérdida de un precio de referencia consensuado para la hoja verde.
Desde esa perspectiva, se advierte que la desregulación no impacta de manera homogénea, sino que profundiza las asimetrías dentro de la cadena productiva, afectando principalmente al productor primario.
En ese sentido, se remarcó que los pequeños productores son los más perjudicados, mientras que los sectores industriales con mayor concentración mantienen mejores condiciones de rentabilidad.
El Gobierno provincial sostiene que este escenario no solo afecta al sector yerbatero, sino que se traslada al conjunto de la economía misionera a través de una menor circulación de dinero.
Según se explicó, la caída del ingreso impacta directamente en el consumo cotidiano, afectando al comercio barrial y a distintas actividades vinculadas al mercado interno.
Frente a esta situación, la Provincia confirmó que inició acciones judiciales contra el Estado nacional con el objetivo de recuperar las facultades del INYM y restablecer mecanismos de regulación de precios.
En paralelo, se pusieron en marcha medidas de asistencia financiera, como líneas de crédito, apoyo a cooperativas y herramientas para mejorar la liquidez de los productores mediante mecanismos de financiamiento.
Desde el Ejecutivo provincial remarcaron que estas acciones buscan contener los efectos de la crisis, aunque consideran que se trata de soluciones parciales frente a un problema estructural.
La discusión se instala así en el plano económico y político, entre la defensa de un esquema regulado para equilibrar la cadena productiva y un modelo de desregulación que, según la Provincia, profundiza las desigualdades en el sector.
