El Gobierno de Misiones oficializó mediante el Decreto N.º 657, publicado en el Boletín Oficial, la creación de un régimen de beneficios destinado a centros que brindan atención a personas con discapacidad. La medida busca garantizar la continuidad de los servicios ante la falta de financiamiento del Estado nacional y tendrá vigencia desde mayo hasta el 31 de diciembre de 2026, cubriendo costos básicos de funcionamiento como energía eléctrica y agua potable.

La iniciativa surge en un contexto de deuda acumulada y retrasos en los pagos por parte de Nación, que afectan directamente a instituciones y prestadores del sector.

Programa Incluir Salud

Cabe recordar que el Programa Federal Incluir Salud -una política del Estado- financia prestaciones médicas para personas con discapacidad titulares de pensiones no contributivas, es decir, aquellas que no cuentan con cobertura formal de salud. El esquema funciona mediante el envío de una cápita mensual desde Nación hacia las provincias, que administran los fondos y pagan a prestadores como centros de día, escuelas especiales, transportistas y profesionales terapéuticos.

Sin embargo, el sistema comenzó a mostrar fallas a partir de diciembre del 2023, cuando se interrumpió la regularidad en las transferencias nacionales. La situación se agravó progresivamente durante 2024 y alcanzó un punto crítico en 2025, con la paralización casi total de los pagos.

En el caso de Misiones, las transferencias se cortaron entre octubre y noviembre de 2025, acumulando al menos seis meses de deuda. Esto impacta en unas 1.600 a 2.000 personas con discapacidad, compromete el funcionamiento de nueve centros y pone en riesgo entre 600 y 800 puestos de trabajo.

El problema no es aislado. En la región NEA, más de 45 instituciones de provincias como Corrientes y Chaco atraviesan situaciones similares. A nivel nacional, además, se registra una caída del 31,3% en términos reales del presupuesto destinado al área durante el primer trimestre de 2026 en comparación con 2023, lo que profundiza la crisis del sistema.

A esto se suma el desfasaje en los valores que perciben los prestadores, que según denuncian se ubican entre un 30% y un 40% por debajo de lo establecido por la normativa vigente.

Escenario actual

En este escenario, también se pone en discusión el cumplimiento de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad N° 27.793, sancionada en septiembre de 2025. La norma establece mecanismos para garantizar el financiamiento del sistema y actualizar los aranceles, pero desde el sector advierten que el Ejecutivo nacional no ha cumplido con su implementación.

Si bien la Justicia ordenó su aplicación y el Congreso ratificó su vigencia, persisten las deudas por prestaciones ya realizadas y no se concretaron las actualizaciones previstas. En paralelo, el Gobierno nacional impulsó iniciativas para modificar el esquema actual, lo que fue interpretado por organizaciones como un intento de reemplazar una ley que aún no fue ejecutada.

En ese contexto, la decisión del Gobierno provincial apunta a amortiguar el impacto de la crisis y sostener el funcionamiento de los servicios esenciales mientras continúan los reclamos para que Nación regularice la situación.  El programa provincial se denomina “Régimen de beneficios para Centros y Establecimientos Categorizados como Prestadores de Servicios de Atención a Personas con Discapacidad”. El mismo establece un subsidio que cubrirá consumos mensuales de hasta 1000 kW de energía eléctrica y 9 metros cúbicos de agua por institución.

Los fondos serán transferidos directamente a las prestatarias como Energía de Misiones S.A., Servicios de Aguas de Misiones S.A. (SAMSA) y cooperativas para su aplicación efectiva a los centros beneficiarios. El alcance del beneficio y su implementación quedan bajo la órbita del Ministerio de Hacienda, en articulación con el Ministerio de Salud Pública.

Requisitos

Para acceder al programa, los establecimientos deberán contar con categorización vigente otorgada por la autoridad sanitaria provincial y acreditar que al menos el 60% de sus pacientes sean afiliados al Instituto de Previsión Social de Misiones (IPS) o beneficiarios del Programa Federal Incluir Salud.

Desde la Provincia remarcaron que la medida tiene carácter excepcional y transitorio, y responde a la necesidad de sostener prestaciones garantizadas por la Ley Nacional 24.901. La misma establece la cobertura integral para personas con discapacidad en materia de salud, educación y rehabilitación.