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El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, respaldó públicamente la decisión del Tribunal de Apelaciones del Séptimo Circuito, que confirmó la extensión del decreto de consentimiento Castañon Nava. El fallo mantuvo las medidas para liberar a personas detenidas ilegalmente por agentes federales de inmigración sin órdenes judiciales ni causa probable.
Qué dijo Brandon Johnson sobre el fallo contra ICE en Chicago
Según el comunicado de la oficina del alcalde de Chicago, Johnson sostuvo que la decisión judicial constituye una reafirmación de los derechos constitucionales en Estados Unidos.
El alcalde señaló que el tribunal dejó en claro que las acciones de control migratorio deben ajustarse a los límites establecidos por la Constitución y que los arrestos efectuados sin orden judicial y sin causa probable no pueden sostenerse.
En su mensaje, Johnson afirmó que el respeto al debido proceso, la supervisión judicial y las libertades civiles básicas “no pueden ser selectivos”. También sostuvo que el fallo envía una advertencia directa a las agencias federales de inmigración, al remarcar que la administración federal debe cumplir la decisión judicial y garantizar que sus mecanismos de control respeten los estándares constitucionales.
Johnson agregó que no puede existir “ambigüedad ni demora” cuando se trata de proteger derechos constitucionales. Además, aseguró que la ciudad acompañará a las familias afectadas, a los defensores de inmigrantes y a los equipos legales que impulsaron las denuncias sobre detenciones ilegales.
Qué es el decreto Castañon Nava y por qué limita a ICE
El decreto Castañon Nava es un acuerdo judicial vigente desde 2022 que surgió de una demanda colectiva impulsada por el National Immigrant Justice Center (NIJC) y la Roger Baldwin Foundation of ACLU, Inc., conocida como la ACLU of Illinois. Según informó el NIJC, la medida aplica al área de operaciones de ICE en Chicago y limita las detenciones migratorias sin orden judicial ni causa probable.
La demanda fue presentada en representación de la Illinois Coalition for Immigrant and Refugee Rights, Organized Communities Against Deportations y varios demandantes individuales. Según esa presentación inicial, estas personas denunciaron haber sido objeto de perfilamiento racial y arrestos sin orden judicial ni causa probable durante la primera administración de Donald Trump.
El reciente fallo del Tribunal de Apelaciones confirmó una resolución emitida en octubre de 2025 por el juez federal Jeffrey Cummings, quien había extendido el decreto y ordenado medidas para liberar a personas detenidas ilegalmente por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y de la Patrulla Fronteriza.
Cuántas personas fueron liberadas tras la intervención judicial
La directora de litigios del NIJC, Keren Zwick, explicó que la resolución mantiene el camino iniciado cuando el tribunal permitió que partes centrales del fallo del distrito siguieran vigentes el año pasado.
De acuerdo con su declaración, desde entonces los abogados y organizaciones comunitarias trabajaron junto a familias de cientos de personas arrestadas sin orden judicial y posteriormente detenidas por autoridades migratorias.
Según detalló, el equipo legal revisó reportes individuales de arresto para detectar posibles violaciones al decreto de consentimiento y negociar con el gobierno la liberación de personas afectadas. Zwick afirmó que, mediante ese proceso, las organizaciones lograron:
- La liberación de 175 personas detenidas ilegalmente.
- La devolución de pagos de fianza o el levantamiento de condiciones restrictivas para otras 168 personas.
La representante legal también denunció que otras personas presuntamente arrestadas en violación del decreto fueron deportadas rápidamente sin acceso adecuado al debido proceso. En otros casos, indicó que algunos inmigrantes optaron por abandonar voluntariamente Estados Unidos para evitar detenciones prolongadas que describió como “inhumanas”.
