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(Redacción C6Digital / Jorge Kurrle) En tiempos donde la discusión pública muchas veces se queda atrapada en consignas, etiquetas y agravios, Amanda Álvarez puso sobre la mesa una realidad que incomoda: detrás de cada institución que atiende a personas con discapacidad hay familias, trabajadores, profesionales y chicos que no pueden quedar a merced de la indiferencia.
Fundadora de CADIFU (Centro de Atención a la Diversidad Funcional) , uno de los centros con mayor cantidad de modalidades de atención en Misiones, Amanda explicó que la institución trabaja en Candelaria y San Javier, con servicios de rehabilitación, centro educativo-terapéutico, centro de día y acompañamiento para la inclusión escolar.
“Desde la convención de 2006 se antepone la palabra persona cuando hablamos de una persona con discapacidad”, remarcó, para dejar claro que el primer cambio también debe ser cultural: mirar a la persona antes que a su condición.
La situación, sin embargo, atraviesa un punto crítico. Según relató, los fondos destinados al pago de prestaciones no se ejecutan correctamente desde hace más de cinco meses. “No se está cumpliendo la ley, que es nuestro reclamo más fuerte”, sostuvo, al advertir que los pagos parciales que reciben las instituciones “no alcanzan ni para cubrir los montos más elementales”.
Amanda describió una postal dura, cotidiana y profundamente humana: abrir una institución implica cargar combustible, comprar alimentos para el desayuno, el almuerzo y la merienda, sostener honorarios, sueldos, transporte y contención familiar. Pero cuando los recursos no llegan, todo se vuelve cuesta arriba.
“Acá hay como un engaño masivo: dicen que salen pagos, pero son tan pequeños que no alcanzan”, lanzó.
En CADIFU atienden a unas 200 personas y sostienen alrededor de 70 puestos de trabajo. Detrás de esos números hay profesionales, familias enteras y niños que necesitan continuidad en sus tratamientos.
“Estamos pagando atrasados hace meses, endeudándonos a nivel personal, vendiendo incluso propiedades o vehículos para poder terminar de pagar honorarios y sueldos”, contó Amanda, con la crudeza de quien no habla desde la teoría sino desde la urgencia diaria.
La preocupación no se limita a una sola institución. Amanda mencionó el trabajo conjunto con otros centros, como Senemi y Ohuatá, que también contienen a cientos de personas. Y planteó la pregunta de fondo:
“¿Qué va a pasar con el sistema de salud si nos llevan a un ahogamiento tal que no nos deje otra opción que cerrar?”
Uno de los puntos más fuertes de la entrevista apareció cuando se habló de la estigmatización del colectivo de discapacidad y de las pensiones. Amanda fue directa: “Si tienen conocimiento de que personas cobran pensión y no tienen discapacidad, son cómplices si no hacen la denuncia”. Luego explicó que acceder a una pensión requiere cumplir numerosos requisitos y que, en muchos casos, hay personas con discapacidad que ni siquiera logran obtenerla.
La frase más contundente llegó cuando desmontó el prejuicio instalado:
“Para empezar tenés que ser pobre, porque no podés tener ni un auto a tu nombre para sacar una pensión, ni una casa, ni un trabajo en blanco”. Y agregó una pregunta que deja poco margen para la indiferencia: “¿Vos podés vivir con 270 mil pesos?”
Amanda también cuestionó el uso político y mediático de casos aislados o directamente falsos para instalar sospechas sobre todo un colectivo.
“Se apropiaron de ese discurso violento, agresivo y mentiroso de que las personas con discapacidad son un fraude”, señaló. Para ella, el problema no es solamente económico: es moral, social y comunicacional.
En ese sentido, pidió más información, más empatía y menos crueldad. “Hasta que no te toca, no sabés de qué se trata”, expresó. Y habló desde su propia experiencia: tiene cinco hijos y el menor tiene discapacidad. “Hace once años que entró a mi vida la discapacidad”, dijo, con una frase que resume el cambio de mirada que muchas familias atraviesan cuando la realidad golpea la puerta de casa.
Hace once años que entró a mi vida la discapacidad”
Durante la charla también valoró la ayuda anunciada por el Gobierno provincial para centros categorizados, especialmente en el pago parcial de servicios como la luz. Destacó la presencia del subsecretario Joaquín Montenegro y el acompañamiento gestionado desde la Provincia.
“Es un montón, porque nos ayuda en este momento en que no tenemos para pagar la luz y el agua”, reconoció.
Pero la ayuda provincial, aunque importante, no resuelve el problema estructural. El reclamo central sigue puesto en el cumplimiento de la ley, en la actualización del nomenclador y en la necesidad de que los fondos recaudados para discapacidad lleguen efectivamente a quienes sostienen las prestaciones.
La entrevista dejó una enseñanza que excede al sector. La discapacidad, los adultos mayores, las instituciones de cuidado y los espacios de contención social no pueden depender únicamente de la buena voluntad de quienes están al frente. Tampoco pueden quedar reducidos a un debate de redes sociales, donde el dolor ajeno se convierte en sospecha y la necesidad se contesta con insultos.
Como reflexión final, queda una idea que atraviesa toda la crónica: la empatía no debería aparecer recién cuando la realidad nos toca de cerca. Una sociedad se mide por la forma en que mira a quienes más necesitan ser acompañados. Y cuando el Estado demora, cuando la política especula y cuando la gente agrede, los que pagan el costo son siempre los más vulnerables.
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