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El Tribunal Oral Federal 2 avanzó este martes con el proceso de decomiso de bienes vinculados a la causa Vialidad, al enviar un oficio a la Corte Suprema de Justicia para determinar si algunos de los inmuebles decomisados a Cristina Fernández de Kirchner serán asignados al Poder Judicial o al Consejo de la Magistratura.
La presentación, firmada por el juez Rodrigo Giménez Uriburu, forma parte del trámite para ejecutar el decomiso de 111 bienes identificados en el expediente, correspondientes a la expresidenta y al empresario Lázaro Báez, ambos condenados por administración fraudulenta en la adjudicación de obras viales en Santa Cruz.
Entre los activos incluidos figuran propiedades en El Calafate y Río Gallegos, además de complejos hoteleros emblemáticos como Los Sauces Casa Patagónica y otros terrenos de gran extensión adquiridos entre 2007 y 2008.
En paralelo, Cristina Kirchner presentó un recurso extraordinario federal contra la resolución de Casación que confirmó el decomiso, mientras que sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, solicitaron excluir 19 bienes del proceso judicial.
La defensa argumentó que ambos no fueron condenados en la causa, por lo que consideran que sus propiedades no deberían formar parte del decomiso, al entender que la medida vulnera derechos de propiedad, inocencia y debido proceso.
Además de los bienes atribuidos a la familia Kirchner, el fallo alcanza activos de empresas vinculadas a Báez, como Austral Construcciones, Kank y Costilla y Gotti Hnos., entre otras firmas involucradas en la investigación judicial.