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El pasado 28 de mayo, el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Uno de Eldorado emitió una orden de desalojo dirigida a la escuela Ñande Kokue de Montecarlo, por lo que sus miembros solicitaron intervención del Estado a fin de proteger a las 112 familias de productores que integran el Movimiento Campesino de Liberación (MCL), concurren a la escuela y producen en su predio para subsistir.
En el marco del Expediente 112356/2016, la compañía yerbatera y maderera La Misionera S.A., a través de la Justicia, estableció un plazo de diez días hábiles para abandonar el espacio de manera pacífica.
Consultada por La Voz de Misiones, Noelia Rocío Bruera, docente e integrante del Movimiento Pedagógico de Liberación (MPL) explicó: “Esa tierra los campesinos recuperaron hace unos 15 años, tienen su jurisdicción por regiones donde vienen trabajando. Lo que hacen estas familias es producir de una forma agroecológica para garantizar la soberanía alimentaria. Claramente también tiene su espacio de formación política, de economía circular, con una mirada distinta o diferente a lo que estamos acostumbrados en las escuelas tradicionales”.
Respecto a la compañía que reclama el espacio de 80 hectáreas donde se encuentra emplazada la escuela, explicó: “La Misionera S.A. está integrada por los hermanos Avellaneda. Ellos inicialmente tenían alrededor de 67.000 hectáreas en la provincia y luego se fueron reduciendo en el tiempo por ventas y demás. Lo cierto es que esta porción que hoy está en juego es de alrededor de 80 hectáreas. La Misionera reclama, dice que le corresponde y estaría en proyecto para hacer un parque”.
Frente a esta situación, alertó: “Estamos haciendo la mayor red de solidaridad porque sabemos que 112 familias disponen de esta chacra como único lugar de trabajo donde producen sus alimentos para garantizar su comida diaria y su soberanía alimentaria. Salir de la chacra hoy es migrar en busca de trabajo afuera, lo cual es un perjuicio enorme”.
“Ahora nos encontramos dentro de los diez días de tregua para desalojar de forma pacífica, pasados los diez días hábiles se supone que debería llegar el desalojo. No sabemos cómo va a ser, por eso exigimos al Estado que intervenga con una ley o un acuerdo para que no exista el desalojo”, concluyó Bruera.
La escuela Ñande Kokue cuenta con nivel primario dirigido a jóvenes y adultos, además del BOP 126, que funciona bajo la modalidad de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos (EPJA I), itinerante, donde los docentes no solo se abocan al dictado de clases, sino también al recorrido de parcelas con acompañamiento a fin de atender las demandas de los trabajadores y sus familias.
En el marco de la formación en agricultura sustentable en curso, las familias conviven dentro de un predio en el que cada una posee una extensión de tierra mínima de cuatro o cinco hectáreas.
Asamblea de la comunidad educativa de Ñande Kokue
En este contexto, la institución no sólo obtuvo el apoyo y acompañamiento de los docentes y las familias que asisten a la misma, sino también de distintas organizaciones sociales, educativas y políticas, como el Frente Nacional Democrático por la Educación Pública (Frendep).
A través de distintos posteos viralizados en sus redes sociales, repudiaron el intento de expulsar de sus tierras a quienes desde hace más de diez años producen, enseñan y estudian en dicho lugar.
“La Escuela Ñande Kokue representa una experiencia profundamente valiosa de educación popular, producción agroecológica, soberanía alimentaria y organización comunitaria, en una Argentina atravesada por el hambre, la desigualdad y la creciente concentración y extranjerización de la tierra”, expresaron.
Luego, ahondaron: “Nos preocupa profundamente el avance de políticas y decisiones judiciales que criminalizan y persiguen a quienes producen alimentos y sostienen proyectos educativos comunitarios. No puede haber democracia plena mientras se pretenda desalojar a quienes ejercen legítimamente el derecho a habitar y trabajar la tierra”.
También sumó el respaldo del Movimiento Pedagógico de Liberación (MPL), el Sindicato Unificado de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Fueguina (Sutef), Docentes Autoconvocados de Corrientes, entre otros.
