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El diputado nacional Oscar Herrera Ahuad presentó un proyecto de ley que declara la emergencia salarial educativa por cinco años y establece un mecanismo de financiamiento federal directo a docentes de nivel primario y secundario en todo el país.
La iniciativa, impulsada desde el bloque Innovación Federal, redirige la totalidad de los recursos del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional hacia un suplemento salarial para docentes en actividad, con un componente diferencial para quienes trabajan en contextos de alta vulnerabilidad y otro destinado a infraestructura escolar y educación técnica.
Una emergencia con datos, no con palabras
El proyecto declara la emergencia salarial de la educación obligatoria a partir del 1° de marzo de 2026 y por un plazo de cinco años, fundamentada en indicadores objetivos y verificables. El salario docente promedio nacional sufrió una caída del 19% en términos reales entre septiembre de 2023 y septiembre de 2025, según datos del INDEC. A esto se suma una reducción del gasto educativo consolidado de 1,5 puntos porcentuales del PBI en 2024 y 1,9 puntos acumulados al cierre de 2025, y una conflictividad laboral docente que afectó el inicio del ciclo lectivo en al menos un tercio de las provincias del país.
«Buscamos el financiamiento necesario para el crecimiento y desarrollo de nuestros jóvenes», sintetizó Herrera Ahuad al presentar la iniciativa, dejando en claro que se trata de una respuesta legislativa proporcional ante una crisis educativa verificable y documentada.
Un mecanismo transparente y sin impacto fiscal
La propuesta reconvierte el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional, históricamente de distribución discrecional, en una herramienta de política educativa con criterios objetivos, automáticos y federales. Los recursos se transferirán de manera automática, mensual y proporcional a la cantidad de cargos docentes de cada jurisdicción, entre enero de 2026 y diciembre de 2030, a través del Banco de la Nación Argentina.
El 70% de los fondos se distribuirá como «Complemento federal» entre los docentes, directivos y personal no docente en actividad que acrediten presencia efectiva en la institución y participación en acciones de formación continua. El 30% restante se destinará como «Compensación federal» a quienes se desempeñen en escuelas de alta vulnerabilidad, reconociendo que enseñar en contextos de mayor adversidad socioeconómica requiere un reconocimiento diferencial.
Federalismo real: incluye gestión pública y privada
El proyecto abarca a todo el sistema educativo de gestión estatal y a los establecimientos de gestión pública privada -el modelo conocido en Misiones como SPEPM- en todas sus modalidades. Además, establece una cláusula de adicionalidad que prohíbe a las provincias adheridas reducir, en términos reales, el gasto destinado a educación durante el período de emergencia, garantizando que los fondos nacionales complementen el esfuerzo provincial y no lo reemplacen.
El artículo 4° del proyecto destina los remanentes no distribuidos del ATN al 31 de diciembre de 2025 a infraestructura escolar (75%) y a educación técnico-profesional (25%), priorizando obras paralizadas y equipamiento de talleres y laboratorios, dos áreas que llevan años postergadas en la agenda educativa nacional.
Rendición de cuentas y evaluación permanente
La iniciativa incorpora un robusto sistema de información y control: informes trimestrales al Congreso, una evaluación de impacto a los dos años de vigencia y un informe certificado sobre los indicadores de emergencia a los tres años.
Si antes del vencimiento del plazo desaparecieran todos los indicadores que justifican la emergencia, el Poder Ejecutivo podrá proponer al Congreso el cese anticipado del régimen, demostrando que se trata de una respuesta proporcional a una crisis concreta y no de una política permanente sin revisión.