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El Gobierno nacional oficializó cambios en el procedimiento de selección de jueces de la Corte Suprema, fiscales y defensores públicos mediante el Decreto 467/2026. La medida elimina una instancia de participación ciudadana vigente desde 2003 y abrió un fuerte debate entre el Ejecutivo y organizaciones vinculadas al ámbito judicial.
Entre las modificaciones más relevantes, el decreto suprime el mecanismo que permitía a ciudadanos, universidades, entidades profesionales y organizaciones civiles presentar observaciones, apoyos o impugnaciones sobre los candidatos antes de que sus pliegos fueran enviados al Senado para su tratamiento.
La reforma también elimina referencias que recomendaban contemplar criterios como el equilibrio de género, la diversidad regional y la especialización jurídica de los postulantes. Desde el Gobierno sostienen que estos cambios buscan agilizar los procesos de designación y cubrir vacantes judiciales con mayor rapidez, al considerar que algunos controles se superponían con instancias ya previstas durante el debate legislativo.
Sin embargo, la decisión generó cuestionamientos de distintas organizaciones de la sociedad civil. Entre las principales objeciones señalan que la eliminación de la consulta pública reduce los niveles de transparencia y limita la posibilidad de que la ciudadanía participe en el análisis de los antecedentes de quienes aspiran a ocupar cargos clave dentro del Poder Judicial.
La discusión cobra especial relevancia en un contexto marcado por vacantes pendientes en los máximos tribunales y organismos judiciales del país. Mientras el Gobierno defiende la necesidad de acelerar los nombramientos, sectores especializados advierten que los cambios podrían disminuir los mecanismos de control público sobre futuras designaciones.
