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La ansiedad y el apuro en mostrar realidades que todavía no se han concretado puede llevar a errores de apreciación. Algo así está sucediendo con quienes sostienen que el agro ya no es el principal generador de divisas sino que son la energía y la minería. Es otra forma de poner en segundo plano de interés a la producción agropecuaria.
Un reciente informe de la Fundación Mediterránea elaborado por los economistas Juan Manuel Garzón y Franco Artusso afirma que “en los doce meses terminados en abril de 2026, las actividades agropecuarias y la elaboración de productos alimenticios registraron un aporte neto de divisas al mercado de cambios cercano a US$ 36.900 millones. Por su parte, el agregado de minas y canteras, que incluye petróleo, gas y minería metalífera, aportó alrededor de US$ 18.300 millones”. En otras palabras, añaden, “el agro mantiene una ventaja de dos a uno”.
Por supuesto, explican, hay un notable crecimiento de las exportaciones de petróleo y gas en los últimos años que pasaron de US$6300 millones a US$18.300 millones. Esto hace que la diferencia del aporte de divisas entre el agro y la energía y la minería sea la menor de los últimos 18 años.
No se trata de una competencia sectorial porque es bueno que el agro no esté solo, pero en este crecimiento hay una diferencia clara que quienes ponen en segundo plano a la agroindustria suelen omitir: los regímenes especiales que tienen el sector energético y minero contra la persistencia de las distorsiones que enfrenta el campo. “Las condiciones no son simétricas”, advierte el informe. “Mientras la energía y la minería cuentan con regímenes específicos orientados a atraer inversiones y acelerar nuevos proyectos, buena parte de las exportaciones agropecuarias continúa fuertemente gravada por derechos de exportación”.
Para los economistas, “este sesgo reduce los precios recibidos por los productores, desalienta la inversión y limita la respuesta de la producción y de las exportaciones. La evolución relativa del agro no puede analizarse, por lo tanto, separadamente del tratamiento tributario que enfrenta”.
Si el escenario se observa solo desde la macroeconomía y los grandes números se podría identificar al agro como el sector ganador del nuevo modelo económico. Pero, nuevamente, el apuro por identificar realidades que no se concretaron puede llevar a incurrir en errores. Porque el agro se compone de miles de empresas con realidades diferentes de acuerdo con la escala, tipo de producción y ubicación geográfica. En este punto, la cuestión micro debería empezar a tomar una mayor relevancia. Lo que antes se podía disimular con la inflación elevada, la brecha cambiaria o las tasas reales negativas, ahora, con menos distorsiones, es más difícil de hacerlo. “La agricultura vuelve a depender más de los rindes, de la eficiencia comercial y del control de costos. Los tambos vuelven a discutir productividad, escala y calidad de gestión. La ganadería vuelve a mirar kilos producidos por hectárea, eficiencia reproductiva y utilización del capital”, señala un reciente informe de la consultora Zorraquín+Meneses.
Parece configurarse un escenario en el que los mayores factores de riesgo se encuentran en los tradicionales de la actividad: los precios en el mercado internacional y el clima. Por ese motivo, mientras persistan distorsiones como la excesiva presión tributaria a través de los Derechos de Exportación (DEX) no se podrá tener una real dimensión de los volúmenes de producción y aportes económicos de cada sector de la economía.
Pero a los factores de riesgo tradicionales como precios y clima hay que sumar los de la política. En las últimas semanas, un proyecto de ley de la senadora chubutense Edith Terenzi (Despierta Chubut) propone aumentar las penas de forma exponencial por daños al ambiente, bajo la figura de un término de buen impacto en la opinión pública, pero de dudosa aplicación legal como “ecocidio”. Por supuesto que se trata de cuidar los bosques, el agua y la tierra, pero las entidades de la agroindustria expresaron que la iniciativa ahuyentaba inversiones y daba pie a impedir actividades productivas. Lo curioso es que el proyecto fue avalado por legisladores de La Libertad Avanza y del PRO. Sin embargo, tras la repercusión negativa en las entidades de la producción dijeron que retiraban sus firmas del proyecto. La Sociedad Rural Argentina (SRA) recordó que las entidades de la producción no fueron invitadas a dar su punto de vista sobre el proyecto. Otro paso atrás de la política.
