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La reciente aprobación en Cámara de una ley que regula a los perros denominados “peligrosos” abrió un fuerte debate en Misiones dentro del campo del derecho animal. La abogada Micaela Pereira cuestionó duramente el enfoque de la norma y advirtió que la legislación parte de una mirada atrasada, centrada en la raza del animal y no en la responsabilidad humana.
Durante su participación en Canal 6 Digital, Pereira sostuvo que no comparte el criterio utilizado para clasificar a determinados perros como potencialmente peligrosos, entre ellos razas como el pitbull y el dogo argentino. Para la especialista, el problema no está en la raza sino en la conducta de quienes tienen animales a su cargo.
“Estoy totalmente en contra de esta ley”, afirmó, y anticipó que, a su entender, la norma podría derivar en planteos de inconstitucionalidad. Su principal objeción apunta a que la legislación utiliza conceptos que, según explicó, van en sentido contrario al avance del derecho animal. En ese sentido, cuestionó que se hable de “propietarios” cuando el nuevo paradigma propone hablar de “tutores”, y que se insista en la idea de “perros peligrosos” cuando el foco debería estar puesto en los tutores irresponsables.
Pereira también objetó la rapidez con la que se avanzó en la sanción de la ley y remarcó que existían equipos técnicos, profesionales e incluso especialistas internacionales que podrían haber sido consultados antes de aprobar una norma de este alcance. Según planteó, el debate requería una evaluación más profunda y una mirada integral sobre el vínculo entre animales, familias y sociedad.
Otro de los puntos cuestionados fue la obligación de colocar chips a los animales alcanzados por la regulación. La abogada puso la lupa sobre el costo económico que esto implicaría para las familias y abrió un interrogante sobre quiénes fabricarían, venderían y colocarían esos dispositivos. Para Pereira, la ley puede terminar generando una carga económica innecesaria, incluso para quienes adoptaron animales rescatados de situaciones de maltrato.
Además, advirtió que la norma puede impactar negativamente sobre animales que no fueron comprados en criaderos sino adoptados a través de refugios o centros de rescate. En esos casos, remarcó, una familia que adoptó un perro de determinada raza podría verse obligada a realizar trámites, controles o procedimientos simplemente por una clasificación legal que considera mal formulada.
La especialista también rechazó que la peligrosidad se determine por la apariencia o por la raza del animal. Comparó esa lógica con viejas teorías del derecho penal que pretendían identificar a un delincuente por sus rasgos físicos. “No tiene nada que ver una raza”, sostuvo, al remarcar que también puede haber perros mestizos con conductas más agresivas que un pitbull si no fueron correctamente educados o socializados.
Para Pereira, el camino debería ser otro: trabajar sobre la tenencia responsable, combatir los criaderos clandestinos, desalentar la compra de animales y fortalecer la adopción. En esa línea, planteó que la ley representa un retroceso porque no aborda el problema desde una perspectiva cultural, educativa y preventiva, sino desde una regulación que considera “grosera y violenta”.
También cuestionó algunas restricciones previstas para los paseos, como el uso obligatorio de bozal o la reducción de la correa, al entender que esas medidas pueden afectar la socialización de los perros. Según explicó, impedir el contacto, el olfato y la interacción con otros animales puede agravar conductas en lugar de prevenirlas.
“Un árbol para ellos es como su Instagram”, graficó Pereira, al explicar que los perros conocen el mundo a través del olfato y que restringir esa conducta natural puede ser contraproducente. Para la abogada, una política pública seria debería partir de la educación, la responsabilidad de los tutores y la consulta a especialistas antes de legislar sobre un tema sensible y complejo.
La discusión queda abierta: mientras algunos sectores celebran una regulación específica para determinadas razas, desde el derecho animal advierten que el verdadero desafío no es etiquetar perros, sino formar tutores responsables y construir normas que acompañen el cambio de paradigma en la relación entre las personas y los animales.
