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La Corte Suprema de Estados Unidos resolvió que el gobierno federal puede avanzar con la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para ciudadanos de Haití y Siria. El máximo tribunal concluyó que la normativa del TPS impide revisar en tribunales los reclamos no constitucionales contra esas terminaciones y dejó sin efecto las órdenes que habían frenado su implementación durante el litigio.
Qué consecuencias tendrá el fin del TPS
Con la decisión, emitida el 25 de junio, el máximo tribunal consideró que el proceso administrativo de cancelación del TPS queda fuera del alcance del control judicial previsto en estos casos.
“La administración actual, que ha dado por terminada cada designación de TPS que ha sido objeto de renovación, simplemente se opone al programa, al menos tal como se ha implementado en el pasado”, explicó el juez Samuel Alito, en el fallo de la Corte.
La resolución impacta sobre más de 350 mil ciudadanos haitianos y alrededor de 6000 sirios que contaban con autorización para vivir y trabajar legalmente en EE.UU.
Quienes no dispongan de otra vía migratoria podrían quedar sujetos a procedimientos de deportación una vez que pierdan la protección otorgada por el TPS. La medida también implica la finalización de los permisos laborales vinculados a ese beneficio.
Abogados que representan a parte de los migrantes sostuvieron que los retornos a Haití y Siria podrían producirse en contextos donde persisten situaciones de violencia e inestabilidad. También señalaron que ambos países continúan considerados de alto riesgo para los viajeros por parte del Departamento de Estado.
“En pocas palabras, el fallo de la Corte Suprema provocará directamente la muerte violenta e innecesaria de miles de personas inocentes”, señalaron los abogados principales de los haitianos, Geoff Pipoly y Andy Tauber, según lo retomado por Associated Press.
Cómo cambia el alcance de futuras demandas
Otro aspecto de la decisión es la interpretación de la ley que regula el TPS. La Corte concluyó que la normativa impide que los tribunales federales revisen la decisión del Ejecutivo de cancelar una designación de protección temporal.
Con este criterio, las futuras impugnaciones judiciales contra la finalización del TPS enfrentarán mayores limitaciones, incluso cuando los demandantes cuestionen el procedimiento utilizado por las autoridades o planteen irregularidades durante el proceso administrativo.
Los jueces de la mayoría también descartaron que los comentarios públicos realizados por Trump sobre inmigrantes haitianos fueran suficientes para demostrar que existió una motivación racial detrás de la medida. En cambio, los votos disidentes sostuvieron que esos antecedentes debían ser considerados dentro del análisis del caso.
“Las declaraciones gritan claramente, tanto en sus matices como en sus tonos raciales, que la raza entró en la resolución del presidente de expulsar a los haitianos de este país“, señaló la jueza Elena Kagan. “El estatuto insiste en consultas sobre si las condiciones del país son seguras, no sobre si poner fin al TPS plantea ‘preocupaciones de política exterior’“, explicó.
El impacto en las familias y en distintos sectores laborales
La decisión genera incertidumbre para miles de familias que durante años residieron en EE.UU. bajo el amparo del TPS. Organizaciones que acompañan a migrantes indicaron que la resolución afecta tanto a las personas protegidas como a los sectores donde trabajan.
“Hay familias aquí, los niños van a la escuela, los padres van a trabajar, la gente intenta desplazarse al trabajo, y es como si la Corte Suprema hubiera paralizado todas esas actividades y dejado a la gente en un limbo”, dijo Viles Dorsainvil, quien dirige un centro de apoyo para haitianos en Springfield, Ohio, a AP News.
Mientras tanto, representantes de la administración federal sostuvieron que el TPS fue concebido como un mecanismo de carácter temporal y que, en algunos casos, su vigencia se extendió durante más de una década.
Tras el fallo, el Poder Ejecutivo queda habilitado para continuar con la finalización de las protecciones migratorias iniciada desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en 2025.
