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La Dirección de Asuntos Guaraníes, junto al Ministerio de Derechos Humanos de Misiones, realizó un pedido de informes a la Justicia por el desalojo de siete familias de la comunidad mbya guaraní Puente Quemado II, registrado el martes pasado en la localidad de Garuhapé.
El procedimiento se realizó luego de que el Juzgado de Instrucción Dos de Jardín América, a cargo del juez Roberto Sena, emitiera una orden a partir de una denuncia realizada por el empresario forestal Alfredo Ruff, quien reclamó la restitución de los lotes 71 y 78.
Dicha medida fue apelada por la defensa de la comunidad el 17 de julio pasado al considerar que se trata de un territorio ancestral, relevado en el marco de la Ley Nacional 26.160, motivo por el cual, la concreción del desalojo fue repudiada por organizaciones defensoras de los derechos humanos, como el Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa).
En este contexto, la Dirección de Asuntos Guaraníes y el Ministerio de Derechos Humanos emitieron un comunicado en el que confirmaron que han tomado conocimiento de la ejecución de la medida judicial “sobre el inmueble de propiedad privada vinculado a la comunidad”.
Al mismo tiempo, aseguraron que no fueron comunicados con antelación sobre el accionar: “Tanto este Ministerio como la Dirección Provincial de Asuntos Guaraníes no fueron notificados previamente sobre dicho procedimiento, por lo que se ha solicitado a las autoridades judiciales el informe correspondiente, a fin de conocer el alcance de la medida adoptada”.
Finalmente, se comprometieron a tomar medidas: “En caso de verificarse situaciones que pudieran afectar derechos de la comunidad mbya guaraní, se evaluarán y promoverán las acciones institucionales que correspondan para su resguardo, en el marco de las competencias legales vigentes y con pleno respeto a las decisiones del Poder Judicial”.
“El Ministerio de Derechos Humanos, a través de la Dirección Provincial de Asuntos Guaraníes, continuará acompañando las instancias de diálogo y las gestiones necesarias para contribuir a una solución pacífica del conflicto, en resguardo de los derechos de las comunidades mbya guaraní, y en estricto respeto de las decisiones judiciales y de la legislación vigente”, concluyeron.
Repudio
Según relató el cacique de Puente Quemado II, Santiago Ramos, el pasado martes 28 de julio en horas de la mañana, unos 50 efectivos policiales arribaron a la mencionada comunidad y procedieron al desalojo del predio en el que hasta ese momento convivían siete familias.
También recordó que el territorio había sido relevado en el marco de la Ley 26.160, de emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades originarias, a través del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (Inai), y reconocido por la Resolución 514/2015.
Dicho reconocimiento se inscribe en el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional, que garantiza a los pueblos indígenas la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente habitan.
También en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que obliga al Estado a proteger esos territorios y garantizar la consulta previa ante medidas que puedan afectarlos.
Sin embargo, la orden de desalojo fue ejecutada mientras la disputa por la titularidad definitiva del territorio todavía permanece pendiente, frente a lo cual la defensa de la comunidad, acompañada por Emipa, había presentado recursos y cuestionó la legalidad de distintas actuaciones del expediente.
