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Las siete familias que integran la comunidad mbya Puente Quemado II regresaron este domingo al predio del que fueron desalojadas el pasado martes 28 de julio en la localidad de Garuhapé.
La ilegalidad del procedimiento había sido advertida por el Ministerio Público Fiscal, por lo que, tras 48 horas de la ejecución de la medida ordenada por el Juzgado de Instrucción Dos de Jardín América, a cargo del juez Roberto Sena, la Fiscalía de Instrucción Uno de Puerto Rico, a cargo de Héctor Simón, dictaminó dejar sin efecto el desalojo.
El viernes pasado también se produjo una mesa de diálogo entre el cacique Santiago Ramos, autoridades del Ministerio de Derechos Humanos, la Dirección de Asuntos Guaraníes y la empresa Arauco, donde acordaron realizar mejoras habitacionales para la comunidad, como la instalación de un pozo perforado y paneles solares.
Finalmente, este domingo las familias de Puente Quemado II regresaron al predio que habitan desde hace varios años, cuyo territorio fue relevado en el marco de la Ley 26.160 en 2013, aunque sigue siendo objeto de denuncias por parte del empresario forestal Alfredo Ruff.
“Puente Quemado II recuperó pacíficamente, una vez más, su territorio ancestral tras un desalojo cuya ilegalidad fue advertida por el Ministerio Público Fiscal y exige garantías para la seguridad de la Comunidad”, confirmó el Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa) a través de un comunicado.
Y añadieron: “La Comunidad reafirma que este territorio le pertenece ancestralmente y que sus derechos se encuentran respaldados por el relevamiento territorial realizado en el marco de la legislación nacional vigente”.
En este sentido, aseguraron que el desalojo fue ejecutado pese a que la defensa había interpuesto un recurso de apelación que debía ser remitido previamente al Ministerio Público Fiscal. Sin embargo, esa intervención no se produjo antes de la medida. Posteriormente, el fiscal solicitó dejar sin efecto el desalojo, poniendo en evidencia las graves irregularidades del procedimiento.
“Exigimos al Gobierno de la Provincia de Misiones y a las fuerzas de seguridad que garanticen la integridad y la seguridad de las familias de Puente Quemado II. Hacemos responsables a las autoridades de cualquier hecho de violencia, hostigamiento o vulneración de derechos que pudiera producirse”, reclamaron desde Emipa.
Puente Quemado II: un territorio en pugna, un camión jaula y un desalojo apelado
