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El Tribunal Electoral de Misiones resolvió no ingresar al análisis de fondo del planteo impulsado por el PRO contra el diputado Miguel Orlando Núñez por un presunto caso de transfuguismo político. Si bien reconoció que el reclamo reúne “entidad suficiente” para ser tratado, concluyó que carece de competencia para resolver una controversia vinculada al ejercicio del mandato legislativo y derivó el expediente a la Cámara de Representantes.
La resolución introduce un dato político e institucional relevante: el organismo electoral verificó que Núñez fue electo por la alianza Juntos por el Cambio, actualmente preside otro bloque legislativo y, además, conduce el partido “Algo Nuevo”. Sin embargo, entendió que una vez proclamados los legisladores, cualquier controversia sobre la permanencia, integración o desempeño dentro de la Cámara corresponde ser analizada exclusivamente por el Poder Legislativo.
Con esa definición, el Tribunal evitó sentar un precedente sobre el alcance del denominado transfuguismo político. En los hechos, la decisión no rechaza el planteo del PRO por falta de sustancia, sino que sostiene que el ámbito competente para resolverlo es la Legislatura provincial.
El expediente, además, expone una discusión con proyección institucional. Si prosperara el criterio impulsado por el PRO, el análisis podría extenderse a otros legisladores que modificaron su pertenencia política durante el mandato, entre ellos diputados que dejaron Encuentro Misionero para incorporarse al espacio político que responde al gobernador Hugo Passalacqua.
La resolución también vuelve a poner el foco sobre el equilibrio entre los distintos poderes del Estado. En lugar de emitir un pronunciamiento sobre el fondo de la controversia, el Tribunal optó por preservar el límite de sus atribuciones y trasladó la discusión al ámbito legislativo, donde deberán confluir argumentos constitucionales, reglamentarios y políticos.
Mientras tanto, el diputado Miguel Núñez analiza la posibilidad de apelar para obtener una definición judicial sobre la cuestión de fondo. De esa manera, el conflicto permanece abierto: el escenario cambió de jurisdicción, pero el debate sobre los alcances del mandato legislativo y los cambios de pertenencia política durante el ejercicio del cargo continúa vigente.
