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En una entrevista con Mauro Heidel en el programa Cadena de Noticias, emitido por las plataformas de C6Digital, el abogado constitucionalista Alfonso Santiago analizó el proyecto que debate el Senado sobre la propiedad de las tierras rurales y sostuvo que la inviolabilidad de la propiedad privada no significa que el Estado no pueda establecer límites cuando están en juego el territorio, la seguridad y el bien común.
En la antesala del tratamiento en el Senado del proyecto impulsado por el Gobierno nacional para modificar el régimen de adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros, el debate sumó una de las voces más reconocidas del derecho constitucional argentino. Alfonso Santiago sostuvo que la discusión excede la defensa de la propiedad privada y se vincula directamente con la responsabilidad del Estado de proteger intereses estratégicos del país.
Durante la entrevista con Mauro Heidel, el jurista explicó que la Constitución Nacional ya garantiza la inviolabilidad de la propiedad privada, pero aclaró que ese derecho no es absoluto.
“La propiedad es inviolable, pero eso no significa que no pueda ser reglamentada. Todos los derechos tienen límites razonables cuando están comprometidos otros derechos, la seguridad o el bien común”, explicó el constitucionalista.
“No tener límites es una muy mala idea”
El punto central de la reforma propone elevar del 15 al 25 por ciento el límite de tierras rurales que podrían quedar en manos extranjeras.
Para Santiago, el problema no pasa solamente por el porcentaje sino por la lógica que impulsa la modificación.
Recordó que actualmente apenas alrededor del 5% de las tierras rurales argentinas pertenece a extranjeros, por lo que se preguntó cuál es la necesidad concreta de ampliar ese margen.
“No tener límites es una muy mala idea”, afirmó, al sostener que si existe algún proyecto de inversión excepcional que requiera modificar el régimen vigente, debería explicarse públicamente y debatirse en el Congreso.
El especialista consideró que detrás de la iniciativa podrían existir razones ideológicas o intereses vinculados con inversiones de gran escala, aunque advirtió que cualquiera de esas motivaciones requiere mayor transparencia institucional.
El caso de Misiones
La conversación también abordó el impacto específico que tendría la reforma en Misiones.
Santiago coincidió en que la provincia presenta una situación diferente al resto del país debido a su extensa frontera internacional y al elevado porcentaje de tierras ya adquiridas por extranjeros.
“Misiones es la provincia donde este problema tiene una importancia especial”, señaló, al advertir que la concentración excesiva de tierras nunca resulta conveniente y que la Constitución conserva herramientas como la expropiación, siempre bajo los requisitos legales correspondientes.
Una crítica a la técnica legislativa
Más allá del contenido, el constitucionalista cuestionó la estructura del proyecto enviado al Congreso.
Explicó que la denominada ley de inviolabilidad de la propiedad incorpora temas muy diferentes entre sí, como desalojos, expropiaciones, tierras incendiadas y extranjerización de tierras, lo que dificulta un análisis profundo de cada aspecto.
A su entender, cada capítulo debería debatirse de manera independiente para garantizar un tratamiento legislativo más serio y transparente.
El valor del debate parlamentario
Santiago destacó además que la discusión parlamentaria permitió revisar aspectos que originalmente habían sido planteados con mayor amplitud por el Poder Ejecutivo.
Sostuvo que el Congreso cumple precisamente esa función: enriquecer los proyectos mediante el debate público y evitar que reformas de semejante trascendencia sean adoptadas únicamente por decisión del Ejecutivo.
Por eso consideró positivo que existan modificaciones, discusiones y aportes durante el tratamiento legislativo.
Su participación en el caso YPF
Sobre el final de la entrevista, Mauro Heidel también consultó al constitucionalista por su participación en la defensa argentina en el juicio internacional por YPF.
Santiago recordó que desde 2016 actuó como experto en derecho público argentino ante la justicia estadounidense, explicando que el litigio debía resolverse conforme a las normas argentinas sobre expropiación y no como un incumplimiento contractual.
El jurista definió esa tarea como una de las mayores satisfacciones de su carrera profesional por haber podido aportar sus conocimientos a la defensa de los intereses del país.
