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El caso es seguido por el abogado Adrián Benítez, representante legal de la víctima, quien cuestionó la actuación de las entidades financieras y advirtió sobre las consecuencias que generan este tipo de maniobras para los usuarios.
Según explicó, los estafadores utilizaron los datos de la tarjeta para concretar la compra de vehículos en Inglaterra mientras el damnificado se encontraba de vacaciones en Brasil. Aunque la operación fraudulenta fue denunciada y quedó acreditada, con el paso del tiempo comenzaron a acumularse impuestos, intereses y cargos que derivaron en una deuda millonaria.
Actualmente, el hombre enfrenta un reclamo de aproximadamente 27 millones de pesos y, además, fue incorporado a registros de deudores como el Veraz, lo que afecta seriamente su situación financiera.
La defensa sostiene que la responsabilidad recae sobre las entidades involucradas y busca que la víctima sea desvinculada de la deuda, además de obtener la reparación por los perjuicios ocasionados.
El caso vuelve a poner en debate los mecanismos de seguridad de las tarjetas de crédito y la responsabilidad de las entidades financieras frente a las estafas informáticas que afectan a los consumidores.