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El Senado dio media sanción al proyecto que modifica los procedimientos de desalojo y ahora la iniciativa deberá ser analizada por Diputados. Mientras los inquilinos misioneros advierten sobre el impacto que podría tener la medida, surge la pregunta: si se convierte en ley, ¿cómo se aplicará en nuestra provincia y qué derechos y obligaciones cambiarán para quienes alquilan y para los propietarios? Según dieron a conocer desde el sector, de aprobarse las modificaciones, las mismas no tendrían impacto en territorio misionero.
En diálogo con Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7, el presidente del Colegio de Abogados de Misiones, Antonio López Forastier, explicó que el proyecto con media sanción modificaría el Código Procesal de la Nación, pero no se aplicaría a los desalojos tramitados ante la Justicia ordinaria de la provincia de Misiones.
El proyecto de ley de “desalojo exprés”, que obtuvo media sanción, propone modificar los plazos y el tipo de procedimiento aplicable a determinadas causas de desalojo. Sin embargo, en Misiones la reforma no tendría una incidencia directa en los alquileres entre particulares, según explicó Antonio López Forastier, presidente del Colegio de Abogados de la provincia.
El abogado señaló que la iniciativa busca modificar el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación para establecer un proceso sumarísimo, con plazos más breves y una menor amplitud en la producción de pruebas. No obstante, aclaró que ese código se aplica en el ámbito de la Justicia Federal y no en los procesos civiles y comerciales que tramitan ante la Justicia ordinaria de Misiones.
“En la provincia no tendría ningún tipo de incidencia sobre los aspectos civiles y comerciales. La gente común podría quedar sometida a ese procedimiento únicamente en casos vinculados con la Justicia Federal y organismos públicos nacionales, pero no cuando se trate de personas individuales”, explicó.
Qué casos podrían alcanzar en la tierra colorada
De acuerdo con López Forastier, la reforma podría aplicarse en situaciones excepcionales, como un eventual desalojo iniciado contra un organismo nacional que ocupe un inmueble en carácter de locatario. En cambio, los conflictos entre propietarios e inquilinos particulares continuarían bajo la competencia de la Justicia ordinaria provincial.
“Prácticamente no se aplicaría en ningún caso en la provincia de Misiones, aun si se aprobara”, sostuvo el titular del Colegio de Abogados.
En ese sentido, remarcó que la condición fronteriza de Misiones no modifica la competencia judicial en los contratos de alquiler entre particulares. “Por más que se trate de un inmueble ubicado en una zona de frontera, el proceso contra una persona física cae dentro de la Justicia ordinaria de la provincia”, precisó.
Por otra parte, el presidente del Colegio de Abogados también explicó que el Código Procesal de Misiones ya contempla mecanismos para solicitar un desalojo anticipado, siempre que quien lo promueva ofrezca una caución o garantía.
Esa garantía tiene como objetivo responder por eventuales daños y perjuicios si posteriormente se determina que la medida fue solicitada o ejecutada de manera incorrecta. Sin embargo, el procedimiento provincial se encuentra encuadrado, en términos generales, dentro de un proceso ordinario, que contempla plazos más amplios y mayores posibilidades para ofrecer pruebas.
Actualmente, una persona demandada en un proceso ordinario de desalojo cuenta con 15 días hábiles judiciales para contestar la demanda. En los procesos sumarísimos, en cambio, los plazos pueden reducirse a tres o cinco días, según el caso.
“Todos los plazos de un proceso ordinario son más amplios. La mayor cantidad de tiempo de un juicio se concentra precisamente en los plazos procesales”, explicó López Forastier.
El debate sobre el proceso sumarísimo
El especialista indicó que el proyecto nacional no modificaría las causales de desalojo, sino el tipo de procedimiento mediante el cual se tramitarían esas causas. De aprobarse, los procesos pasarían de un trámite ordinario a uno sumarísimo.
La discusión central está vinculada con la posibilidad de acortar los tiempos judiciales en casos donde se reclama la restitución de un inmueble, pero también con las garantías de defensa de los inquilinos.
“Cuando se pone a una persona en la calle, hay que debatir si debe contar con plazos suficientes para comprender la situación y reunir los elementos de prueba. No es lo mismo tener 15 días para hacer un descargo que resolverlo en tres, especialmente cuando la persona no es abogada y todavía debe conseguir asesoramiento”, advirtió.
López Forastier sostuvo que los códigos procesales buscan establecer un equilibrio entre las partes, tanto propietarios como inquilinos. En ese marco, consideró que el debate sobre el proyecto también expresa una determinada orientación legislativa respecto de los derechos que se busca priorizar.
“Los códigos de procedimiento deberían garantizar iguales derechos para ambas partes y permitir que la decisión se tome de acuerdo con lo que establece la ley”, afirmó.
En conclusión, el abogado reiteró que la eventual aprobación del proyecto de “desalojo exprés” no modificaría, en la práctica, los procedimientos aplicables a los alquileres entre particulares en Posadas y el resto de Misiones.