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Condenado hace cuatro años y medio por el caso de mala praxis que le costó la vida a Silvina Luna y afectó a otras tres mujeres, el médico Aníbal Lotocki está nuevamente en el banquillo de los acusados. Esta vez, por la muerte de uno de sus pacientes tras una intervención estética realizada en una clínica del barrio porteño de Caballito y por las lesiones gravísimas que sufrieron cinco pacientes que pasaron por sus manos entre 2009 y 2021.
Según pudo saber LA NACION, Lotocki se negó a declarar en la primera audiencia del debate, a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°17, integrado por los jueces Pablo Vega, Julio López Casariego y Juan Giúdice Bravo, y con la participación, a cargo de la acusación pública, de la fiscal María Luz Castany.
Junto a Lotocki llegaron a juicio oral cuatro médicos y la directora del Centro Médico Conde (Cemeco) por el homicidio de Rodolfo Christian Zárate, mientras que una instrumentadora quirúrgica fue acusada del delito de encubrimiento, según informó el Ministerio Público de la Nación en su portal institucional www.fiscales.gob.ar.
Lotocki está preso desde octubre de 2023 por disposición de la Sala IV de la Cámara del Crimen. Purga una sentencia de ocho años de cárcel por estafa y por las lesiones graves causadas a Luna, Stefanía Xipolitakis, Pamela Sosa y Gabriela Trenchi; ese fallo, oportunamente confirmado por Casación, se encuentra a estudio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Durante la audiencia de apertura se leyó el requerimiento de elevación a juicio realizado por el fiscal Pablo Recchini. En ese dictamen consta que el 16 de marzo de 2021 Zárate, de 50 años, asistió al consultorio de Lotocki en Florida al 600, Retiro, y acordó realizarse una lipoescultura y dermolipectomía a cambio de 6500 dólares. El médico le entregó tres órdenes para que se realizara un análisis de sangre y orina, un electrocardiograma y una radiografía de tórax.
Días después, la pareja de Lotocki —que trabajaba como su secretaria— contactó al damnificado y le indicó que lo operarían en Cemeco. Luego, le enviaron a la asistente de Lotocki los resultados de los estudios, de los que surgía que había padecido Covid-19 y que tenía diabetes mellitus de grado 2. Por este motivo, el médico le recetó una medicación.
La cirugía, que debía realizarse el 9 de abril de aquel año, se pospuso hasta el 15 de ese mes. Aquella mañana, Zárate fue a la sede de Cemeco situada en Colpayo 20, en el barrio porteño de Caballito, para realizarse la intervención programada, que consistía en la remoción de tejidos en distintas partes del cuerpo, tales como “cuello, hombros, pectorales, brazos, axilas, cara anterior del abdomen, pelvis, región lumbar y sacra y glúteos”.
Según surge del dictamen de Recchini, “por el impacto que estas múltiples vías de abordaje pueden ocasionar, sumado al estado general del paciente, hubiera sido médicamente aconsejable efectuar los distintos procedimientos a los que fue sometido Zárate en diferentes etapas o actos quirúrgicos”.
Informó www.fiscales.gob.ar que la investigación reveló que Lotocki “salió del quirófano por el lapso aproximado de cuarenta minutos, dado que tenía una audiencia virtual con su letrada, en los que habría dejado a cargo de la intervención a sus ayudantes, y luego habría regresado para hacer la plicatura y cierre”.
Siempre según la reconstrucción realizada, tras la operación Zárate fue llevado a una habitación, donde lo asistió una enfermera que notó algo inusual en su drenaje. Eso fue comunicado a Lotocki, quien dispuso que Zárate volviera a ingresar al quirófano, donde le reabrió una de las heridas.
La mañana del viernes 16 de abril, tras pasar la noche dolorido y sin poder dormir, el paciente se descompensó y fue intubado, al tiempo que personal de la clínica se comunicó con su obra social, desde la que enviaron una ambulancia.
Los médicos que arribaron en el vehículo advirtieron la complejidad del cuadro y convocaron a una segunda ambulancia. Los profesionales que intervinieron señalaron que el hombre estaba “mal intubado”. En ese momento, el paciente sufrió un paro cardíaco y falleció luego de que intentaran reanimarlo.
“Aníbal Lotocki llevó adelante la cirugía de Rodolfo Cristian Zárate a pesar de conocer los serios riesgos de ocasionar su muerte y confió en que la misma no se produciría a tal punto que no hizo nada para evitarlo, omitiendo empecinada, consciente y voluntariamente poner en práctica todas aquellas acciones que evitasen el resultado, ignorando todas y cada una de las pautas de alarma que surgían de modo evidente desde antes de iniciar el acto quirúrgico hasta producido finalmente el fallecimiento”, resaltó el fiscal. Además, lo acusó de la alteración de la historia clínica.
En agosto de 2024, el representante del Ministerio Público Fiscal consideró que la contadora y directora de la clínica, Andrea Isabel Torelli, el médico especialista en cirugía plástica Daniel Enrique Zambrano García, el médico anestesiólogo Santiago Luis Olguín, el médico y cirujano plástico Polansky Peláez Hoyos y la médica anatomopatóloga Silvia Mabel Fernández también debían ser juzgados como coautores del homicidio simple.
Además, en ese requerimiento, se consideró a la instrumentadora quirúrgica Florencia Marina Krzeczek -acusada de haber ocultado el teléfono de Lotocki para que no lo hallaran los investigadores- como autora del delito de encubrimiento agravado por ser el hecho precedente un delito especialmente grave.
El resto de los cargos
En junio de 2024, el fiscal Pablo Turano requirió que Lotocki fuera a juicio oral por los daños “de carácter permanente y potencialmente incurables” ocasionados en el cuerpo y la salud de Yésica Forti, que fueron resultado de las intervenciones quirúrgicas que le realizó en 2016, 2019 y 2021.
En su denuncia, la mujer aseguró que ninguno de los tres quirófanos en los que se llevaron adelante las intervenciones tenía el equipamiento médico de emergencia. Aseguró que el posoperatorio fue realmente doloroso y que el acusado, desde el principio, intentó “manipularla” mostrándole sus imperfecciones para realizarle la mayor cantidad de cirugías posibles.
En el mismo requerimiento, el fiscal analizó los daños sufridos por Sandra Viviana Domínguez luego de las intervenciones que le realizó el acusado entre 2009 y 2015. En la primera, le aplicó un producto que le generó inflamación en glúteos y piernas y que requirió de otros procedimientos adicionales para destruir esas formaciones con utilización de cánulas y bisturí y administración de anestesia local. Según la denuncia, se trataría de metacrilato.
Para el fiscal, los procedimientos a ambas mujeres consistieron en la introducción de material “de relleno”, de carácter permanente, para lograr volumen en diferentes partes del cuerpo y en glúteos en ambos casos, y cuya procedencia, naturaleza, marca y cantidades aplicadas no han sido debidamente informadas a las pacientes en forma previa a sus intervenciones, ni asentadas en las historias clínicas que debían ser confeccionadas.
“Se ha probado que Lotocki utilizó productos químicos cuya naturaleza, cantidades, proporciones en relación a otros elementos orgánicos no se puede dilucidar, máxime cuando solo el imputado sabe qué producto compró, a quién, cuánto y cuándo, ya que debe recordarse que el nombrado admitió que los adquiría a un operador ‘en negro’, por lo que carecían de toda documentación que permitiera establecer que se tratara de una sustancia importada legalmente y conforme los requerimientos estatales”, recalcó y consideró que debía ser juzgado por el delito de lesiones gravísimas con dolo eventual, reiteradas en dos ocasiones.
En diciembre de 2025, el fiscal Recchini consideró que Lotocki había causado “daños en el cuerpo y en la salud” a Julieta Cuadros como consecuencia de una lipoescultura realizada en julio de 2011. Según señaló, en la intervención se habrían usado uno o más productos desconocidos por la víctima, en cantidad y calidad ignoradas (“aludidos por ella como ‘metacrilato’ o ‘polimetacrilato’”) sin informarle debidamente sobre los riesgos posibles o probables del uso de esas sustancias en el cuerpo o en la salud de la persona, se informó en fiscales.gob.ar.
También en diciembre del año pasado, el fiscal Turano requirió la elevación a juicio de la causa donde se investigan los daños en el cuerpo y la salud ocasionados a Paola Auzmendi tras una serie de intervenciones quirúrgicas realizadas en 2009, donde también habría utilizado metacrilato o alguna sustancia similar
“Se le atribuye asumir él las consecuencias al usar esos productos sin la aprobación de la intervenida al no saber sobre los riesgos a los que se exponía por no haber sido informada debidamente, riesgos que se concretaron en la generación de modificaciones corporales en la región glútea y miembros inferiores en las zonas referidas del tratamiento, aumento de consistencia, asimetrías y palpación de irregularidades y nódulos dolorosos”, se describió.
Por último, en julio de este año, el fiscal Turano lo señaló como responsable de las lesiones gravísimas sufridas por Beatriz Verger, a raíz de una intervención quirúrgica que le realizó en el verano de 2010. En este caso, también se habrían utilizado “uno o más productos desconocidos por la víctima, en cantidad y calidad ignoradas, sin informarle debidamente de los riesgos posibles o probables del uso de esas sustancias en el cuerpo o la salud de la persona”.
“El derecho de toda persona a decidir sobre las prácticas médicas que se realizan sobre su propio cuerpo exige que cuente previamente con información suficiente, clara y comprensible acerca de la naturaleza del procedimiento, los materiales a utilizar y los riesgos involucrados. Esa obligación, que recaía sobre el imputado en su calidad de profesional de la salud, no se efectuó”, se puntualizó en el requerimiento.
