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El gobierno de la provincia de Santa Fe recurrirá el martes próximo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un intento por lograr la reversión de un fallo del tribunal superior santafecino en cuanto declaró inconstitucional el tope dispuesto para las prestaciones del sistema previsional que abarca al empleo público en la provincia, reformado por ley en 2024. Así lo confirmó a LA NACION el secretario de Seguridad Social provincial, Jorge Boasso.
De acuerdo con lo dispuesto en la ley provincial 14.283, el tope es actualmente de $12.618.140 para las jubilaciones y de $9.463.605 para las pensiones. Concretamente, la norma establece que la prestación jubilatoria no puede superar el equivalente a 20 haberes mínimos, y el monto de ese ingreso base está ahora en $630.907.
Sin la limitación aprobada por ley y ahora cuestionada en la Justicia, los haberes llegan a importes superiores en algunos casos a los $18 millones mensuales. Esos niveles de ingresos son, de hecho, los que perciben quienes reclamaron judicialmente y lograron una resolución a su favor.
En la causa “Ramón, Elena Virgina Enriqueta contra Provincia de Santa Fe y otros”, la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe confirmó, en un fallo emitido días atrás, la declaración de inconstitucionalidad dictada en segunda instancia, respecto del artículo 9 de la ya mencionada ley.
En esa parte, la norma define que el haber máximo del régimen provincial equivale a 20 jubilaciones mínimas, y se especifica que quienes al momento de la entrada en vigor de la reforma cobraban un importe superior a ese umbral, no recibirían efectivamente los incrementos que se dieran de allí en más, hasta tanto la prestación llegara a la cifra tope. Ese artículo fue declarado inconstitucional.
Entre los argumentos expresados en el escrito judicial, se señala que lo dispuesto por la reforma rompe “la relación de proporcionalidad entre las prestaciones de agentes activos y pasivos”, porque el tope de las prestaciones no se condice con la falta de remuneraciones máximas para aportar. El fallo también expresa que la decisión de no incrementar los haberes afectados por el tope implica una falta de movilidad. Y agrega que eso es inconstitucional “según la doctrina de la Corte nacional y de nuestra Corte”.
En defensa de la ley de 2024, Boasso sostiene que los topes a las jubilaciones son constitucionalmente legítimos en los casos en que constituyen “un instrumento razonable para armonizar solidaridad, contributividad, suficiencia y sostenibilidad, preservando la función sustitutiva del haber y la coherencia del sistema previsional”. Y agrega que el tema debería ser analizado desde la perspectiva de “un sistema de seguro social contributivo y solidario”, en lugar de verse como “un conflicto entre el derecho individual del beneficiario y la potestad del Estado para administrar los recursos”.
En un artículo publicado en el sitio de Editorial Juris luego del fallo de la Corte local, el funcionario santafecino sostuvo que la falta de aplicación de reajustes dispuesta para los haberes altos hasta que lleguen al tope implica “un puente transitorio”, y que el argumento disponible para la provincia consiste en acreditar que la duración de ese período en el que no se moverán los montos “resulta razonable”.
Según la argumentación con la cual se llevaría el tema a la Corte, la pregunta es si el sistema, aun con el tope incluido, “continúa siendo fiel a la única promesa que el seguro social hizo siempre: protección suficiente, razonablemente vinculada al esfuerzo contributivo, frente a la contingencia de la vejez”.
El tope vigente por ley en la provincia dista mucho del que rige en el sistema nacional gestionado por la Anses, el más abarcador del país. En este caso, el haber máximo es este mes de $2.824.694,49 -tuvo una muy pérdida fuerte de poder adquisitivo concentrada entre 2020 y principios de 2024, en tanto que, para los trabajadores activos, el 11% sobre el sueldo bruto para el aporte previsional se calcula hasta una remuneración $4.594.798,23. Es decir, en el caso del sistema de la Anses, también los aportes están topeados y esta es una diferencia que marca el texto del fallo de la Corte de Santa Fe.
La reforma
La Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia de Santa Fe abarca al empleo público local, y la mayor cantidad de prestaciones en curso de pago se concentra en personas que trabajaron en la docencia, en la administración central, en la policía, en diferentes municipios, en el Poder Judicial y en el sistema de salud. Tiene algo más de 106.000 beneficios al pago, de un monto promedio algo superior a los $2 millones mensuales (es muy minoritario el número de quienes cobran el haber mínimo), y en 2024 la gestión de Maximiliano Pullaro impulsó cambios para reducir el desequilibrio entre ingresos y egresos de fondos.
Las modificaciones incluyeron la disposición de que a las prestaciones se les descuenten montos en concepto de aportes solidarios, de porcentajes que se van elevando cuanto más altos son los haberes. Esos descuentos rigen durante el período de duración del estado de emergencia declarado por la propia ley. Es un lapso de dos años a partir de septiembre de 2024. Esto último, sobre lo cual hubo reclamos, no resultó cuestionado por la Corte Suprema de Santa Fe.
Si bien la ley establece que la emergencia es prorrogable por un año más, la gestión de Pullaro decidió no extenderla, por lo cual este mes es el último en que se aplica el descuento especial.
Las cajas no transferidas
Santa Fe es una de las trece provincias que, tres décadas atrás, decidieron no transferir sus sistemas previsionales al régimen gestionado por la Anses. Las transferencias se habían dado en el contexto de una reforma amplia del sistema nacional y fueron promovidas bajo la presidencia de Carlos Menem.
El tema es protagónico en la relación entre las provincias y el Estado nacional desde hace décadas, porque en aquel entonces -y en medio de disposiciones que afectaban los recursos para las jurisdicciones- se había establecido que la Nación destinaría dinero para cubrir los déficits de las cajas no transferidas. Y las condiciones para que eso se cumpla son el eje de una larga cuestión conflictiva.
En 2017, el gobierno de Mauricio Macri dispuso que la Nación se haría cargo del desequilibrio que tendría cada caja no transferida en el supuesto de que sus aportantes se jubilaran en las mismas condiciones que los del régimen general de la Anses, y si el financiamiento fuera con igual esquema de aportes y contribuciones de ese sistema nacional. Pero, entonces, apareció la dificultad para que surjan acuerdos respecto de los montos surgidos de elaborar “simulaciones” referidas a esos escenarios hipotéticos.
