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Iguazú (LaVozDeCataratas) El adolescente acusado de haber provocado el accidente de tránsito en el que murió Roni Díaz Da Mota fue restituido al cuidado de su madre, luego de que la Justicia dispusiera el cese de la medida de alojamiento que se había adoptado en el marco de la investigación.
De acuerdo con lo informado a LaVozDeCataratas, por su defensora la Dra. Florencia Romero, el menor permanecerá en el ámbito familiar mientras continúa el proceso judicial. Entre las condiciones establecidas se encuentra la obligación de retomar sus estudios y mantener una asistencia regular, además de permanecer bajo el cuidado de su progenitora, quien deberá garantizar su comparecencia ante la Justicia cada vez que sea requerido.
Desde la defensa también aclararon que, desde el inicio de la intervención, «el adolescente se presentó a derecho y quedó a disposición de la Justicia a través de su defensa técnica«. Según explicaron, la presentación fue canalizada ante el Juzgado Correccional, al considerar que, por tratarse de un menor de edad, correspondía la intervención del fuero especializado.
La defensa sostuvo además que el adolescente permaneció en todo momento sometido al proceso y a disposición de las autoridades para las medidas que fueran necesarias en el marco de la investigación.
Asimismo, valoraron los pronunciamientos favorables de los Ministerios Públicos y el criterio adoptado por la jueza interviniente, quien, según señalaron, tuvo en cuenta las circunstancias actuales de la causa y los elementos incorporados a la investigación para aplicar el régimen especial correspondiente a las personas menores de edad.
La medida dispuesta no implica el cierre de la causa. El adolescente continúa vinculado al proceso judicial mientras avanza la investigación para determinar las circunstancias que rodearon el accidente en el que murió Roni Díaz Da Mota.
La causa está caratulada como homicidio culposo en accidente de tránsito y contempla, además, la circunstancia de que el adolescente se habría retirado del lugar del hecho. En el caso de una persona adulta, esta situación constituye un agravante y eleva la escala penal prevista por el Código Penal a entre 3 y 6 años de prisión. Sin embargo, al tratarse de un menor de edad, la eventual responsabilidad y las consecuencias jurídicas deberán analizarse conforme al régimen penal juvenil que corresponda según su edad al momento del hecho, aspecto que será determinado en el marco del proceso.
