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La amnesia del diputado Hartfield: del subsidio estatal al ajuste para el deporte de base
Diego Hartfield dejó Oberá a los 16 años con dos valijas y una oportunidad que resultaría decisiva para su carrera deportiva: una beca del Estado para entrenarse en el CENARD. Años después, convertido en diputado nacional por La Libertad Avanza, defiende una política de reducción de subsidios y asistencia estatal al deporte de base.
La historia personal del extenista misionero volvió al centro de la discusión política esta semana, durante un debate en la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados.
Hartfield ha contado públicamente que siendo adolescente dejó su ciudad, su familia y el club de tenis donde había comenzado a practicar para instalarse en Buenos Aires. Allí compartió alojamiento con otros jóvenes deportistas que tampoco contaban con los recursos necesarios para afrontar por sí mismos los gastos de entrenamiento y residencia.
Esa posibilidad llegó mediante una beca estatal que le permitió entrenarse en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CENARD). Fue, en definitiva, una política pública destinada a acompañar a jóvenes con condiciones deportivas pero sin suficientes recursos económicos.
Hartfield desarrolló posteriormente una importante carrera profesional y llegó a competir frente a figuras de la talla de Roger Federer.
Pero aquella historia personal reapareció ahora como argumento político.
Según trascendió sobre lo ocurrido en la Comisión de Deportes, mientras el diputado defendía la política de ajuste y reducción de subsidios, otro legislador le recordó precisamente aquella beca estatal que había recibido durante su adolescencia.
La discusión deja planteada una contradicción que excede incluso al propio Hartfield: ¿hasta dónde debe retirarse el Estado y dónde comienza una inversión pública capaz de cambiar la vida de una persona?
Porque una beca deportiva no necesariamente representa un gasto sin sentido. Puede significar que un chico de Oberá, Puerto Iguazú o cualquier localidad del interior tenga la posibilidad de competir en igualdad de condiciones con alguien que nació con mayores recursos.
El propio recorrido de Hartfield parece demostrarlo.
La discusión tampoco debería reducirse a defender cualquier subsidio simplemente porque provenga del Estado. Los recursos públicos deben controlarse, justificarse y llegar efectivamente a quienes los necesitan. Pero eliminar herramientas por el solo hecho de considerarlas “subsidios” también puede significar cerrarles la puerta a futuros deportistas.
La paradoja es difícil de ignorar: el joven Hartfield necesitó de un Estado presente para perseguir su sueño; el diputado Hartfield hoy forma parte de un espacio político que propone reducir esa presencia.
Quizás por eso aquella beca del CENARD regresó esta semana al Congreso como una incómoda fotografía del pasado.
Porque algunas veces la memoria también forma parte del debate político.
