La Justicia misionera dictó la quiebra del aserradero Linor SRL que operaba hasta mayo de este año en Azara y, aunque era un paso necesario administrativamente, lo que hoy preocupa es la situación de los 130 trabajadores que quedaron a la deriva y a quienes aún se les adeudan salarios e indemnizaciones.

Así lo afirmó Agustín Báez, secretario general del Sindicato de Obreros de la Industria Maderera Posadas (Soimp), quien en entrevista con Radio Up remarcó que el cierre de la empresa fue consecuencia de “una mala administración” y que los operarios sólo cobraron un fondo de desempleo, pero no así las tres quincenas y las vacaciones pendientes.

En ese crítico contexto, el gremio anticipó que enviará una escribana para realizar un inventario de los bienes que permanecen en el establecimiento industrial. La medida apunta a verificar qué maquinarias, vehículos, instalaciones y otros elementos continúan en el predio, ante la sospecha de que parte de los activos podrían haber sido trasladados a Corrientes, y así evitar que los fondos destinados al pago de las deudas desaparezcan..

“Son 130 trabajadores que hasta el día de hoy no han recibido nada, además de que se les debían sueldos atrasados y vacaciones”, afirmó el dirigente sindical al referirse a las consecuencias del cierre de la planta y a la situación de las familias afectadas.

El edicto del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 8 de Misiones se firmó el 15 de septiembre y se publicó ayer en el Boletín Oficial. Allí, se declaró la quiebra indirecta de Linor SRL por el incumplimiento de un acuerdo alcanzado durante el concurso preventivo.

La resolución ordenó la incautación de los bienes de la firma, el bloqueo de sus cuentas bancarias, la entrega de las instalaciones, maquinarias, vehículos y documentación a la sindicatura. Pero además, dictó la prohibición de salida del país para su administrador, Juan Carlos Lorenzo.

Para Báez, la decisión judicial representa un avance en el reclamo de los trabajadores, aunque todavía no garantiza que puedan cobrar lo que se les adeuda.

“Me parece que es importante que (Lorenzo) empiece a rendir cuentas y que empiece a ponerse a disposición para poder ir resolviendo todas estas cuestiones que tanto afectan a los trabajadores”, apuntó al referirse a lo que la empresa deberá responder.

Sobre el destino de los bienes

Uno de los puntos que preocupa al sindicato es el estado actual del establecimiento, ubicado sobre la ruta provincial 94 en Azara. Según relató Báez, después de que la empresa abandonara el predio se registraron robos y daños en distintos sectores, por lo que consideran necesario establecer con precisión qué elementos permanecen en el lugar.

“Hay un rumor de que están en Corrientes: yo no sé, son solamente rumores (aclaró), pero la verdad es que algunas cosas están faltando”, advirtió el dirigente, quien mencionó el robo de cables, motores y otros elementos, además de daños en las oficinas y la sustracción de transformadores.

Repasó que, por un tiempo, hubo personal de seguridad en el establecimiento, pero posteriormente dejó de haber custodia.

Frente a esa situación es que el Soimp buscará documentar el estado de los bienes mediante un inventario realizado por una escribana. El relevamiento permitiría contrastar lo que se encuentre en el establecimiento con los activos que deban quedar comprendidos en el proceso de quiebra.

La preocupación por el patrimonio de la firma no es algo nuevo. Sucede que a fines de mayo, cuando el cierre de la planta era inminente, los trabajadores realizaron vigilias en el lugar para exigir respuestas sobre la continuidad de sus puestos laborales.

En ese período, y como relató entonces este matutino, la empresa había intentado retirar durante la noche parte de sus activos logísticos y de producción. La maniobra fue detectada por los operarios y, tras la intervención gremial, las maquinarias fueron restituidas al establecimiento.

Desde entonces, los trabajadores procuraron resguardar los bienes que permanecían en el predio ante la posibilidad de que fueran necesarios para responder por las deudas de la firma.

Familias siguen sin cobrar

Los telegramas de despido llegaron a los trabajadores a principios de junio de este año, cuando la empresa comunicó la desvinculación definitiva del personal.

En ese momento, Linor argumentó que atravesaba una “situación financiera irreversible” a la que vinculó con las dificultades de la industria forestal, la acumulación de deudas y los embargos judiciales que afectaban el funcionamiento de la planta.

Sin embargo, Báez cuestionó que la crisis sectorial fuera suficiente para explicar este desenlace. Según sostuvo, la empresa tenía una cartera de clientes y un nivel de actividad que, a su entender, no se correspondían con el deterioro que finalmente atravesó.

“La empresa no venía trabajando en crisis o con algún problema económico, sino que era una mala administración”, afirmó Báez, quien recordó que el sindicato y otros actores habían planteado alternativas para intentar evitar el cierre.

Tras los despidos, los trabajadores quedaron sin indemnizaciones y con salarios pendientes. El Soimp asumió el acompañamiento legal de los afectados y organizó asistencia para algunas de las familias, incluso mediante una olla popular en un espacio cedido por el municipio.

Báez explicó que las consecuencias del cierre obligaron a los operarios a buscar alternativas para sostener sus ingresos. Algunos jóvenes se trasladaron a Brasil, otros consiguieron trabajo en empresas de Corrientes y quienes superan los 40 o 50 años recurrieron a tareas vinculadas con la cosecha de yerba mate, contó.

Con el final de la zafra, parte de esos trabajadores volvió a quedarse sin una fuente laboral y “hoy están solo con el fondo de desempleo”, describió.

La empresa había sido fundada hace más de dos décadas por Lorenzo junto con Norberto Arhndt y se especializaba en la producción de pallets y servicios logísticos. En su mejor etapa llegó a proveer a compañías como Arcor, Loma Negra y Quilmes. Las dificultades comenzaron en 2024 y se agravaron durante 2025, hasta llegar al cierre definitivo de la planta este año.

Entre los antecedentes financieros del conflicto se encontraban las deudas fiscales reclamadas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca), que superaban los 500 millones de pesos y habían avanzado hacia una instancia de ejecución judicial. También existían obligaciones pendientes con el sindicato vinculadas con servicios sociales.

Además de la incautación de bienes y el bloqueo de sus cuentas, la Justicia intimó a la empresa a entregar libros comerciales y a elaborar informes sobre la situación de cada trabajador, desde los períodos de inicio y finalización de los empleos, así como los salarios adeudados y los créditos generados antes y después del concurso preventivo.