Daniel dedicó la mitad de su vida al trabajo maderero en la provincia. Llegó al aserradero Linor SRL de Azara en un caótico 2001, donde construyó gran parte de su vida profesional y llegó a ser encargado. “Dediqué 27 años de mi vida a la empresa, y así es como nos dejan en la calle”, lamenta a El Territorio al repasar el pesado proceso que hoy enfrentan él y otros 129 operarios madereros contra la firma que, esta semana, fue declarada en quiebra y que ahora deberá responder por los salarios, servicios sociales e indemnizaciones adeudadas.

El viernes se publicó en el boletín oficial de Misiones el edicto del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 8 donde, además, se ordena la incautación de bienes, maquinarias y todo activo que se encuentre en el aserradero. La jueza Adriana Beatriz Fiori también dispuso el bloqueo de las cuentas bancarias de la firma y un pedido de informes comerciales y laborales, así como la prohibición de salida del país para el gerente y dueño, Juan Carlos Lorenzo.

Para Daniel, haber llegado hasta aquí era un paso necesario “pero no hay proyecciones cercanas de que nos vayan a pagar lo que nos deben”. Según contó, la empresa adeuda cuatro quincenas, aguinaldo, vacaciones, indemnizaciones y millonarios aportes sindicales y de la obra social.

“Cobrábamos en blanco pero era como si no lo estuviéramos, porque no teníamos nada: no pagaban la ART (aseguradora de riesgos de trabajo), no pagaban obra social. Queríamos atendernos con la obra (de la industria maderera) y nos decían que no podíamos porque no estábamos cubiertos”, recordó.

En línea con lo que reclaman desde el Sindicato de Obreros de la Industria Maderera Posadas (Soimp), el extrabajador apuntó que el final de Linor SRL era evitable. “Sé cómo trabajaron estos 27 años que estuve, tenían muchas empresas, exportaban y las máquinas no paraban. Ellos argumentaron que tuvieron que cerrar por culpa del Arca, pero lo cierto es que se llegó a esta situación por una mala administración”, enfatizó. “Fue culpa de Juan Carlos Lorenzo y de la administración”, repitió, al recordar que, a multas de mayo, desde la empresa habrían intentado negociar con el personal por continuar la actividad a costa de reducirles un 20% los salarios: “Se presentó a la reunión con ese acuerdo todo escrito y esperaban que lo firmáramos. Obviamente nos negamos a eso, y ahí fue que se desató todo”, recordó.

Según relató, los problemas se remontan a mayo de este año, cuando los empleados fueron obligados a tomarse 14 días de vacaciones. Ese período se cumplió, y la firma les comunicó que se extendería por otras dos semanas: terminado el mes, contó Daniel, regresaron a la planta y “nos encontramos con que ya no teníamos trabajo”.

Durante ese lapso, aseguró el ejemplo, la empresa comenzó a retirar maquinarias y otros bienes del establecimiento. Recordó que estuvo presente cuando intentaron cargar dos máquinas en un semirremolque, momento en que los trabajadores bloquearon el acceso para impedir que se las llevaran.

También afirmó que parte del equipamiento, entre ellos una máquina de aserradero, equipos de soldadura y de afilar, habían sido trasladados a otro establecimiento de Linor SRL en Itacaruaré pero que, a los días, todo fue restituido con intervención sindical.

Situación laboral irregular

Uno de los principales cuestionamientos de los trabajadores apunta a las condiciones en las que operaban. Daniel aseguró a este diario que, aunque estaban registrados, no contaban con cobertura efectiva de obra social ni de una aseguradora de riesgos del trabajo.

“Estamos en blanco, pero a la vez estábamos en negro”, resumió al describir una situación en la que, según dijo, los empleados no podían acceder a la atención médica porque no tenían cobertura.

Falsa declaración a Anses

En ese contexto, discutió las versiones de la firma que atribuyen la quiebra a una supuesta intervención determinante de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca). Según explicó, la empresa tenía un plan de pagos con el organismo, pero se detectó que las dificultades se originaron en el incumplimiento de las obligaciones de la administración. “Él (Lorenzo) no pagaba las cuentas. Nosotros estábamos sin obra social, sin ARTE, sin nada”, afirmó.

También señaló que Lorenzo habría informado falsamente el pago de las indemnizaciones ante la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Tal situación la conocieron los trabajadores al tramitar el Fondo de Desempleo: “La administración dijo que nos pagó las indemnizaciones y, como superaba el monto (del fondo), no cobramos eso por dos meses, después Anses nos lo reintegró. Pero fue una estrategia de él, una caradurez”, arremetió.

Impacto en la salud mental

Más allá de la deuda laboral, Daniel puso el foco en las consecuencias que el cierre provocó en las familias. Muchos de los exempleados quedaron sin ingresos en una zona donde, según se describe, tampoco hay alternativas temporales suficientes vinculadas a la tarefa oa la agroproducción.

Varios operarios migraron a Brasil, otros a Corrientes y otras provincias en busca de un trabajo seguro.

En Azara, el municipio pasó a tener un espacio donde actualmente funciona un comedor comunitario destinado a los extrabajadores de Linor SRL.

“Yo puedo dar gracias a Dios que conseguí un buen trabajo, lejos, pero conseguí”, valoró Daniel. A diferencia de otros colegas, logró reinsertarse laboralmente, aunque remarcó que la mayoría continúa enfrentando un panorama complejo.

Las consecuencias, claro está, alcanzarán la vida cotidiana y el bienestar emocional de muchos de ellos. El exoperario mencionó el caso de un compañero que tuvo que cambiar de escuela a su hijo, por falta de recursos para sostener la cuota del colegio de gestión privada.

Otros redujeron su alimentación y sufrieron cuadros de salud mental de diversa complejidad. “Hubo varios a los que psicológicamente les cayó muy mal”, reconoció.

La falta de certezas sobre el cobro de las deudas y la imposibilidad de sostener los gastos familiares se sumaron a la pérdida repentina del empleo después de años de trabajo.

En lo judicial, Daniel indicó que 43 exempleados están con representación legal del abogado del Soimp. Otros optaron por contratar letras particulares. De lo charlado con el abogado del gremio, no hay fechas concretas sobre cuándo podrían cobrar.

Antecedentes del conflicto en Azara

La empresa había sido fundada hace más de dos décadas por Lorenzo junto con Norberto Arndt y se especializaba en la producción de pallets y servicios logísticos. En su mejor etapa llegó a proveer a compañías como Arcor, Loma Negra y Quilmes. Las dificultades comenzaron en 2024 y se agravaron durante 2025, hasta llegar al cierre definitivo de la planta este año.

Entre los antecedentes financieros del conflicto se encontraban las deudas fiscales reclamadas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca), que superaban los 500 millones de pesos y habían avanzado hacia una instancia de ejecución judicial. También existían obligaciones pendientes con el sindicato vinculados con servicios sociales.

Además de la incautación de bienes y el bloqueo de sus cuentas, la Justicia intimó a la empresa a entregar libros comerciales ya elaborar informes sobre la situación de cada trabajador, desde los períodos de inicio y finalización de los empleos, así como los salarios adeudados y los créditos generados antes y después del concurso preventivo.