El Consejo General de Educación (CGE) emitió un comunicado oficial con precisiones técnicas, legales y documentales para aclarar la intervención de la Escuela Provincial N° 284 “Comandante Tomás Espora”, dispuesta mediante la Resolución N° 6554/26. El organismo rechazó de forma categórica las publicaciones recientes que calificaban la medida como un acto de “persecución política y sindical”.

Según explicaron desde el CGE, la decisión deriva de un expediente administrativo iniciado en 2024 debido a graves irregularidades que no pudieron resolverse con las intervenciones institucionales previas. Las actuaciones de los Expedientes Administrativos N° 5554-491-D-24 y N° 5554-736-D-24 exponen una prolongada y severa crisis de convivencia dentro del establecimiento, registrándose antecedentes críticos como conflictos interpersonales recurrentes, fallas en los canales de comunicación, divisiones en el plantel docente e incluso casos de descompensación e intoxicación de alumnos.

Durante los años 2024 y 2025, la Supervisión Escolar del departamento San Ignacio, junto al Gabinete Psicopedagógico Interdisciplinario (GPI), llevó a cabo múltiples abordajes pedagógicos e informaciones sumarias. Sin embargo, los informes técnicos concluyeron que la alta conflictividad persistía, afectando directamente el clima de trabajo, la salud laboral del personal, el nivel académico y la estabilidad de los estudiantes.
 

Frente a este escenario, el CGE puntualizó que la apertura del Sumario Administrativo es una herramienta técnica objetiva contemplada en el Estatuto Docente (Ley VI N° 6) y el Decreto 226/08, y aclaró que no representa una sanción disciplinaria ni un prejuzgamiento.

Asimismo, las autoridades señalaron que, en estricto cumplimiento de la Ley de Asociaciones Sindicales N° 23.551, no se impondrán sanciones a quienes posean tutela sindical sin tramitar previamente la exclusión de la misma ante la justicia, resguardando así todos los derechos gremiales.
 

Con respecto al apartamiento provisorio de las docentes de sus funciones y el posterior nombramiento del Lic. Cristian Matías Bria como Director Interventor, el organismo remarcó que se trata de medidas cautelares indispensables. El objetivo de estas acciones es doble: asegurar la transparencia e imparcialidad del proceso sumarial —evitando que se interfiera en la recolección de pruebas— y devolver de inmediato la normalidad al entorno escolar.

Finalmente, el CGE confirmó que las docentes apartadas conservan la totalidad de sus haberes y continúan prestando tareas administrativas mientras avance la investigación.

El comunicado completo

Posadas, Misiones, 11 de octubre de 2026. Ante publicaciones recientes que califican las decisiones del Consejo General de Educación (CGE) sobre la intervención de la Escuela N° 284 -dispuesta por la Resolución N° 6554/26- como un acto de “persecución política y sindical”, este organismo considera necesario informar a la opinión pública y a la comunidad educativa, con rigor técnico, legal y documental.

El CGE rechaza esas acusaciones y aclara que la intervención de la Escuela Provincial N° 284 “Comandante Tomás Espora” deriva de un expediente administrativo iniciado en 2024, que acumula graves irregularidades que no pudieron resolverse pese a las reiteradas intervenciones institucionales.

Las actuaciones de los Expedientes Administrativos N° 5554-491-D-24 y N° 5554-736-D-24 dan cuenta de una prolongada y severa crisis de convivencia institucional. Entre los antecedentes documentados figuran casos de descompensación e intoxicación de alumnos, conflictos interpersonales recurrentes, fallas críticas en los canales formales de comunicación y divisiones dentro del plantel docente.

Durante 2024 y 2025, la Supervisión Escolar del departamento San Ignacio realizó múltiples abordajes pedagógicos e informaciones sumarias, con el acompañamiento del Gabinete Psicopedagógico Interdisciplinario (GPI). A pesar de las intervenciones realizadas, los informes técnicos concluyeron que la conflictividad persiste y afecta de forma directa el clima de trabajo, la salud laboral del personal, el nivel académico y la estabilidad del entorno escolar de los estudiantes.

En este contexto, el CGE puntualiza que la apertura de un Sumario Administrativo no constituye una sanción disciplinaria ni un prejuzgamiento sobre los integrantes de la institución. Se trata de una herramienta técnica prevista por el Estatuto Docente (Ley VI N° 6) y por el Reglamento General para la Tramitación de Sumarios (Decreto 226/08), que permite investigar los hechos de manera objetiva, recibir pruebas y deslindar las responsabilidades administrativas que correspondan.

En el marco del debido proceso y conforme a la Ley de Asociaciones Sindicales N° 23.551, el CGE, no impone sanciones a quienes posean tutela sindical sin tramitar previamente ante la justicia la correspondiente exclusión de la misma, como lo establecen las normas vigentes, con el fin de resguardar las garantías y derechos gremiales.

Asimismo, la separación preventiva y provisoria de las docentes de sus funciones y la posterior intervención de la institución mediante la designación del Lic. Cristian Matías Bria como Director Interventor, constituyen medidas cautelares. Persiguen dos fines: por un lado, garantizar la transparencia y la imparcialidad del proceso sumarial, evitando que el conflicto se agrave y que se interfiera en la recolección de pruebas; por otro, restablecer de inmediato la normalidad institucional y proteger el bienestar de la comunidad escolar. Cabe señalar que las docentes apartadas conservan la totalidad de sus haberes y continúan cumpliendo tareas administrativas durante la investigación.

El Consejo General de Educación reafirma su compromiso con la legalidad, el Estado de Derecho y con la defensa del derecho a la educación de los niños. En ese marco, trabaja en todo momento para asegurar entornos escolares seguros y armónicos, tanto para estudiantes como para docentes.