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Un día antes de la Quinta Marcha Universitaria Federal, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 11 dispuso multas para el Gobierno por el incumplimiento de la cautelar vinculada con la Ley de Financiamiento Universitario.
El juez Martín Cormick resolvió este mediodía aplicar sanciones económicas diarias al titular de la Jefatura de Gabinete, Diego Santilli. La sanción económica [astreintes] fueron fijadas inicialmente en $100.000 por día, aunque la resolución aclara que tanto el monto como los funcionarios alcanzados podrán modificarse en etapas posteriores. Según el fallo al que accedió LA NACION, la medida se adoptó “atento el incumplimiento verificado” y en cumplimiento del apercibimiento dispuesto previamente.
Hace instantes, llegó la respuesta del gobierno nacional, que anunció que apelará la decisión judicial y efectuó fuertes acusaciones contra el magistrado.
“Recurrentemente ha fallado en contra del gobierno del presidente Javier Milei y de todos los argentinos”, comienza el comunicado distribuido por la Casa Rosada.
“Con pasado y amigos en La Cámpora, Cormick anteriormente buscó declarar nulo el protocolo antipiquetes con el que el Gobierno logró liberar las calles después de años de acampes, manifestaciones y piquetes que hacían imposible el tránsito y la circulación”, continúa el texto.
También recuerda que “el extitular de la Inspección General de Justicia se presenta como un cuadro técnico del kirchnerismo y ejerció como síndico general del PAMI en la gestión de la camporista y actual diputada nacional Luana Volnovich”.
Horas antes, la Justicia federal había intimado formalmente a la administración nacional a acatar la cautelar que había sido ratificada por la Corte Suprema. A fines de septiembre, el magistrado ya había concluido que el Estado no acreditó el cumplimiento pleno de la medida cautelar vigente, que obliga a actualizar salarios y becas universitarias, y había fijado un plazo máximo de cinco días para hacerlo. Según estimaciones del sistema universitario, esto implicaría una recomposición salarial cercana al 33%.
Cormick señaló, además, que la decisión se adopta “en concordancia” con lo resuelto en la causa principal. La semana pasada, el juez declaró la inconstitucionalidad del tramo del Decreto N.º 759/2025 mediante el cual el Gobierno frenó la ejecución de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso y ratificada luego del rechazo al veto presidencial del año pasado.
El gobierno de Milei había promulgado formalmente la ley, pero no avanzó con su aplicación. Al igual que ocurrió con la Ley de Emergencia en Discapacidad, argumentó que el Congreso había dispuesto actualizaciones salariales y presupuestarias sin especificar las partidas concretas de las que debían surgir los recursos y que, por lo tanto, incumplía la Ley de Administración Financiera.
El magistrado consideró que esa estrategia funcionó como un “mecanismo extraconstitucional” y una instancia de veto no prevista en la Constitución Nacional. Además, remarcó que el artículo 9 de la propia ley universitaria otorgaba herramientas suficientes para que el Poder Ejecutivo reasignara los créditos necesarios para cumplirla.
El Gobierno apeló y el magistrado concedió el recurso, por lo que quedó suspendida la sentencia que había declarado la inconstitucionalidad del decreto. Sin embargo, continúa vigente la cautelar que obliga a actualizar salarios y becas. En su presentación judicial, el Gobierno reiteró que el Congreso debe especificar de dónde surgirán los recursos necesarios para afrontar ese incremento del gasto público.
“Es muy importante. Muy importante como inicio y antecedente en el proceso judicial que sigue su curso. Nosotros habíamos notificado desde el CIN al juez que había vencido el plazo y no se había cumplido, por lo que habíamos solicitado que se aplicaran las multas correspondientes. No solo es importante que haya fijado una multa diaria, sino que lo haya hecho responsabilizando a una autoridad concreta y no al Estado en abstracto. Hay que seguir porque el proceso judicial continúa, pero es un paso muy importante que valoramos y esperamos que, como todos los pasos que venimos dando con mucha responsabilidad en todos los ámbitos, nos conduzca a una respuesta”, indicó Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
En paralelo, estudiantes universitarios también anunciaron su propio cronograma de actividades en la previa de la marcha, convocada para mañana a las 13 frente al Congreso, con clases públicas, cortes, tomas, asambleas y vigilias.
Ayer hubo clases públicas durante toda la jornada en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA), acompañadas por cortes en la intersección de Puan y Rivadavia. Por la tarde comenzó la toma de esa facultad, prevista hasta la movilización del jueves. También hubo cortes y clases públicas en la Facultad de Derecho.
Hoy, a las 17, estudiantes y trabajadores de Ingeniería realizaron un semaforazo en la sede de Paseo Colón, mientras que a la misma hora hubo un corte en Plaza Houssay y una asamblea en la sede de Ciencas Exactas. A las 18 se realizó otra asamblea en Psicología y, junto con estudiantes de profesorados, se convocó a un corte en Callao y Corrientes.
Para las 19, estaba prevista una asamblea y vigilia en Sociales. También se anunció una vigilia con corte en la sede de Movimiento de la Universidad Nacional de las Artes (UNA), en La Boca.
La UBA, en tanto, convocó para mañana a concentrar desde las 13 en Plaza Houssay. A las 14 partirán desde la intersección de Córdoba y Junín rumbo al Congreso, donde a las 16 está previsto el acto central de la Quinta Marcha Universitaria Federal.
