Los ministros del Superior Tribunal de Justicia y el Procurador General de la Provincia presentaron en la Cámara de Representantes, el proyecto de Ley Orgánica del Ministerio Público que propone establecer las herramientas institucionales necesarias para implementar el nuevo sistema procesal penal. 

En ese marco, la Comisión de Legislación General recibió al fiscal del Tribunal Penal N° 2 de Posadas, Vladimir Glinka, quien expuso sobre la temática y los alcances del proyecto. 

Glinka explicó que la transformación del sistema procesal penal requiere una estructura normativa que permita llevarla a la práctica, más allá de la aprobación de un nuevo código. En ese sentido, señaló que el proyecto busca establecer reglas claras para delimitar las funciones, las atribuciones y las responsabilidades de los fiscales, así como los mecanismos para controlar su actuación.

El fiscal consideró que uno de los cambios más significativos del nuevo sistema sería un mayor acercamiento de la Justicia a las personas. Según explicó, el funcionario que recibe una causa sería el mismo que la lleva adelante hasta su resolución, lo que permitiría un conocimiento más profundo de cada caso y evitaría la fragmentación del proceso entre distintos funcionarios.

Asimismo, destacó la posibilidad de reducir considerablemente los tiempos judiciales mediante procedimientos organizados por audiencias ante un juez, quien resolvería en el momento. Aclaró que el resultado dependerá de las particularidades de cada caso, aunque sostuvo que este esquema permitiría acortar los plazos respecto del sistema actual.

Glinka vinculó la necesidad de la reforma con la demanda social de una Justicia más ágil y con mejores herramientas para dar respuesta a los delitos. En ese sentido, sostuvo que la transformación debe contar con un marco legal que permita desarrollar los cambios sin apartarse de las normas que rigen la administración de justicia.

Por último, destacó el proceso de transformación que impulsa Misiones y señaló la importancia de considerar las particularidades de cada provincia al comparar los tiempos de implementación de las reformas procesales.