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El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció cargos contra seis individuos que participaban en una operación clandestina que organizaba matrimonios falsos para facilitar el camino a la green card a extranjeros indocumentados. La organización supuestamente operó durante más de 10 años y cobraba tarifas de entre 38.000 y 40.000 dólares por cada caso.
Seis acusados por organizar matrimonios falsos para obtener la green card
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) confirmó mediante un comunicado oficial la acusación formal contra seis personas de Massachusetts. Los implicados fueron acusados de conspiración para dar refugio a inmigrantes ilegales, dar refugio a inmigrantes ilegales, conspiración para cometer fraude matrimonial y fraude matrimonial.
La lista incluye a los siguientes involucrados:
- Jennifer Gonzalez, de 43 años, de Fall River, Massachusetts.
- Erica Daniels, de 29 años, de Fall River, Massachusetts.
- Chreise Alejandro, 39, de Fall River, Massachusetts.
- Amara Pugh, de 31 años, de Fall River, Massachusetts.
- Jessica Tavares, de 31 años, de Attleboro, Massachusetts.
- Jaylin Hill, de 26 años, de Fall River, Massachusetts.
Según la información del DOJ, González dirigía una empresa ilícita en la que pagaba a ciudadanos estadounidenses -Daniels, Alejandro, Tavares y Hill- para casarse con clientes indocumentados y someter documentación falsa ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés), mientras Pugh ejercía como secretaria del negocio.
La red gestionaba un promedio de 18 a 20 matrimonios falsos al año. Para dar apariencia de legitimidad a las uniones ante las autoridades, la líder instruía a los clientes sobre cómo tomarse fotografías estilo selfie, abrir cuentas bancarias conjuntas y contratar pólizas de seguro de vida.
De acuerdo con el texto, González presuntamente les decía a sus clientes indocumentados que tardaría entre tres y cuatro meses en preparar la documentación suficiente del matrimonio simulado para solicitar la residencia legal, y les exigía que firmaran “contratos” para pagar por sus servicios.
Matrimonios falsos para obtener la green card: las pruebas contra los estafadores
Las pruebas incluyen una grabación en la que González dirigía la impresión y firma de un contrato de “préstamo” simulado y aceptaba un pago inicial de US$3000 en efectivo para organizar un matrimonio ficticio.
Supuestamente, González le indicó al cliente que el contrato omitía intencionadamente mencionar al cónyuge porque hacerlo sería “incriminatorio”, y que ella diseñó los documentos para ocultar el propósito fraudulento.
Asimismo, el DOJ mencionó que los clientes solían realizar pagos mensuales de US$500 a su supuesto “cónyuge” o a alguien cercano a él para mantener el matrimonio ficticio.
La líder de la organización habría acumulado cientos de miles de dólares que utilizó para adquirir bienes raíces y negocios en la República Dominicana. Además, el documento señala que gastó más de US$120 mil en beneficios del programa de asistencia alimentaria SNAP.
En las grabaciones de audio y video obtenidas durante la investigación federal y citadas por el DOJ, González aconsejaba a sus clientes que Massachusetts era el mejor lugar para residir por su condición de estado santuario y argumentaba que las autoridades locales defendían a los inmigrantes.
“Massachusetts es el mejor lugar para ti. Eso es un hecho. Creo que puedes estar bien, porque este estado es santuario. A Trump no le gusta este estado, porque el gobierno de aquí nos defiende mucho. Recibes mucha ayuda como inmigrante aquí”, cita el DOJ en el documento.
Cargos judiciales, millonarias multas y el mensaje de las autoridades
Los seis acusados enfrentan cargos federales por conspiración para resguardar inmigrantes indocumentados y por albergarlos. Estos delitos conllevan penas de hasta 10 años de prisión, tres años de libertad supervisada y multas de hasta US$250 mil, según detalló el DOJ.
Adicionalmente, los cargos por fraude matrimonial y conspiración para cometerlo contemplan penas de hasta cinco años de cárcel y multas individuales de US$250 mil.
Las acusaciones fueron anunciadas por la fiscal federal Leah B. Foley, quien remarcó la importancia de la investigación. “Espero que hoy los acusados y otros como ellos se den cuenta de que el sueño americano no está a la venta, se gana. Y cuando intenten apropiarse indebidamente de él para obtener ganancias, los haremos responsables“, expresó, citada por Reuters.
