“Los procesos más rápidos también se prestan quizás a mayor cantidad de errores”, advirtió el juez federal Ariel Lijo al analizar la implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal en Misiones. El titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4 llegó a Posadas para capacitar a operadores judiciales y planteó que la transformación del sistema requiere mecanismos de control, una adaptación cultural y especial atención a las garantías constitucionales.

Durante su exposición, Lijo también puso el foco en los desafíos que presenta la evidencia digital y en la necesidad de proteger la privacidad de las personas en las investigaciones penales.

La capacitación se desarrolló ayer por la mañana en el auditorio Tierra Sin Mal del Centro Multicultural de la capital y estuvo destinada a operadores judiciales. Los ejes fueron las audiencias de medidas de coerción y de control de la acusación, en el marco del nuevo Código Procesal Penal Federal, cuya implementación en Misiones comenzó a fines de agosto.

Participaron jueces, fiscales y secretarios de distintos puntos de la provincia, entre ellos la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Rosanna Pía Venchiarutti; el procurador general de Misiones, Carlos Giménez; el fiscal de Ciberdelitos, Juan Pablo Espeche; la jueza Marcela Leiva; el juez de Instrucción Tres de Puerto Iguazú, Martín Brites; el juez federal de Iguazú, Marcelo Cardozo, y la jueza del Tribunal Oral Federal de Posadas, Ruth Ponce de León, entre otros funcionarios judiciales.

También estuvieron presentes diputados provinciales, entre ellos Sebastián Macías, presidente de la Legislatura misionera, y los legisladores Santiago Koch y Francisco Fonseca.

Un cambio de roles y de controles

Para Lijo, la reforma no se limita a modificar procedimientos, sino que supone una transformación de la estructura judicial y de cómo se piensan las tareas públicas. “Es un cambio cultural, no sólo de roles”, sostuvo.

En el sistema acusatorio, los fiscales quedan a cargo de impulsar y desarrollar las investigaciones y de formular las acusaciones, mientras que los jueces deben concentrarse en resolver las controversias y garantizar el cumplimiento de las normas constitucionales para las partes. “La regla es que el juez no hace nada más de oficio”, resumió frente al auditorio.

Durante la capacitación, el magistrado hizo hincapié en las responsabilidades de las fiscalías, entre ellas la obligación de compartir la documentación con las defensas. También consideró necesario establecer mecanismos de control cruzado durante las etapas iniciales de las investigaciones, que actualmente sólo pueden avanzar de manera reservada para las partes.

En ese esquema, explicó, los jueces toman intervención cuando se solicitan medidas de coerción y asumen el rol de jueces de garantías, con la responsabilidad de evaluar las cuestiones constitucionales que se presenten en cada caso.

Privacidad y evidencia digital

Uno de los primeros puntos planteados fue el impacto de las tecnologías en las investigaciones penales. Lijo advirtió que el avance de las redes sociales y los medios digitales plantea nuevos desafíos para proteger los derechos de las personas durante los procesos judiciales.

“Hoy las redes franquearon la privacidad de las personas de una manera fenomenal”, señaló. En esa línea, afirmó: “Tenemos un problema de privacidad. Por eso, es una etapa de crisis constitucional que jueces y fiscales debemos tener muy en cuenta”.

Para el magistrado, uno de los principales desafíos consiste en determinar cómo incorporar la evidencia digital a los procesos sin descuidar las garantías constitucionales. Allí, “los fiscales deberán tener una prudencia adicional”.

Investigar delitos complejos

Para el juez Lijo, la reforma puede mejorar la capacidad de respuesta ante investigaciones de crimen organizado, terrorismo, corrupción y delitos transnacionales, especialmente cuando requieren cooperación con otros países. Un mapa que adquiere especial relevancia para Misiones, delimitada en un 90% de su territorio por fronteras internacionales.

Como ejemplo, reconoció las dificultades que generan los exhortos internacionales, cuyos tiempos de respuesta pueden extenderse durante meses o incluso años. Con el sistema acusatorio, argumentó, los fiscales tendrán mayores posibilidades de establecer comunicaciones directas y obtener información mediante mecanismos a los que llamó “más informales”.

“Hay una cantidad de formalidades que van a pasar a ser audiencias y reuniones informales y eso va a generar mucha más celeridad”, sumó. “Los procesos complejos tienen estructuras contables, económicas, de estudios, empresariales transnacionales, que hacen que sean extremadamente complejos de dilucidar. Eso va a seguir ocurriendo, pero lo cierto es que va a tener mucha más posibilidad el Estado de enfrentar ese tipo de organizaciones”.

“Va a ser un cambio importante y muy bueno para la provincia”, valoró. Uno de los puntos sobre los que habrá que educar y ‘acostumbrar’ a la ciudadanía, según describió, serán las audiencias acusatorias-adversariales.

“Los sistemas adversariales, en la mayoría de los casos, se resuelven por acuerdos, y a veces las víctimas no quieren ningún acuerdo, pero la base de los sistemas adversariales está en las soluciones alternativas y los procesos terminan antes de ir a juicio: esa será la base del sistema nuevo”, explicó.

Consultado sobre las causas de corrupción, sostuvo que también podrían beneficiarse de las nuevas posibilidades de comunicación entre fiscales e imputados. Ante la prensa, evitó referirse al caso de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) que actualmente investiga.