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Diputados de la oposición y de la disidencia colorada iniciaron este miércoles 4 de noviembre la recolección de firmas del libelo acusatorio para solicitar el juicio político al presidente de Paraguay, Santiago Peña, y al vicepresidente Pedro Alliana. El planteo sostiene que ambos habrían incurrido en mal desempeño de sus funciones por presuntas maniobras de direccionamiento de recursos públicos hacia Ueno Bank, actualmente en proceso de resolución.
El documento, presentado ante la Cámara de Diputados, solicita formalmente la acusación conforme al artículo 225 de la Constitución Nacional paraguaya y plantea cinco causales que, según sus impulsores, justificarían la medida.
Las cinco causales del pedido
El libelo identifica presuntos conflictos de intereses y una posible cooptación del Estado; manipulación regulatoria y direccionamiento de fondos jubilatorios del Instituto de Previsión Social (IPS); sobrepaso de límites crediticios en Ueno Bank y encubrimiento institucional del Banco Central del Paraguay (BCP); beneficios patrimoniales indebidos e indicios de enriquecimiento ilícito; y una afectación de la confianza en el sistema financiero con exposición a riesgos sistémicos.
En uno de sus principales argumentos, los legisladores sostienen que Peña habría subordinado la administración estatal a intereses privados y vulnerado las incompatibilidades previstas en el artículo 237 de la Constitución. El escrito apunta especialmente a las inversiones del IPS en Ueno Bank, mediante certificados de depósito de ahorro por 380.000 millones y 506.700 millones de guaraníes, además de bonos por más de 32 millones de dólares.
Según la acusación, estas operaciones se habrían concretado luego de reuniones directas entre el mandatario y autoridades de la previsional, lo que configuraría un presunto direccionamiento de los ahorros de los trabajadores hacia una entidad en la que Peña tendría intereses patrimoniales.
La responsabilidad de otras autoridades y la disputa por los votos
Aunque el pedido de juicio político se dirige contra Peña y Alliana, el documento también menciona a otros funcionarios y directivos por posibles conflictos de intereses o responsabilidades institucionales. Entre ellos aparecen el presidente del BCP, Carlos Dagoberto Carvallo Spalding; el exministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos; y los directivos de Ueno Bank Juan Manuel Gustale Cardoni y Diego Duarte Schussmuller, ambos detenidos.
Con el inicio de la recolección de firmas, la oposición abre una nueva disputa política en Paraguay para reunir los votos necesarios en la Cámara de Diputados y avanzar con la acusación contra el presidente y el vicepresidente. El proceso se enmarca en la crisis que atraviesa Ueno Bank y en los cuestionamientos al vínculo entre el poder político, los fondos públicos y el sistema financiero.
