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Para tener en cuenta:
La violencia escolar no siempre comienza con una agresión física. También puede manifestarse mediante insultos, burlas reiteradas, amenazas, discriminación, exclusión, acoso entre compañeros, agresiones en redes sociales o situaciones de abuso.
Frente a estas realidades, las instituciones educativas tienen una responsabilidad fundamental: proteger a sus estudiantes, intervenir oportunamente y garantizar una convivencia basada en el respeto y la dignidad humana.
Con este propósito, se trabaja con el Protocolo Integral de Prevención e Intervención ante Situaciones de Violencia Escolar, destinada a orientar a los establecimientos educativos de gestión privada de Misiones.
El Protocolo Integral de Prevención e Intervención ante Situaciones de Violencia Escolar contempla las leyes nacionales y provinciales vigentes, las orientaciones de las autoridades educativas y las disposiciones del nuevo Régimen Penal Juvenil.
¿Qué debe hacer una escuela ante una situación de violencia?
Actuar inmediatamente : detener la agresión y proteger a quienes estén en peligro.
Escuchar y acompañar: atender a los estudiantes sin juzgarlos anticipadamente ni exponerlos.
Informar y documentar: registrar los hechos y comunicar la situación a las autoridades institucionales.
Dar intervención a los organismos competentes: acudir a los servicios de protección de la niñez y, cuando corresponda, a la Policía o la Justicia.
Garantizar la continuidad educativa: aplicar medidas de protección y convivencia sin recurrir a sanciones arbitrarias.
Realizar un seguimiento: comprobar que cesó la violencia y que todos los involucrados reciben el acompañamiento necesario.
Cabe aclarar que El protocolo también aborda el bullying, el ciberbullying, el grooming, las amenazas graves, la violencia sexual y las agresiones que involucren a estudiantes, docentes, familias u otros adultos.
Una cuestión esencial es comprender que la escuela no reemplaza a la Justicia. Su función es educar, prevenir, proteger y comunicar los hechos que exceden sus competencias, respetando siempre los derechos de todas las personas involucradas.
La aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil exige especial responsabilidad, ya que determinados hechos cometidos por adolescentes pueden tener consecuencias penales.
Sin embargo, ninguna denuncia convierte automáticamente a un estudiante en culpable.
La escuela tampoco puede permanecer indiferente cuando los hechos ocurren fuera del establecimiento, incluso en redes sociales, si afectan la seguridad o la convivencia educativa.
El compromiso debe ser compartido. Docentes, directivos, representantes legales, estudiantes, familias, medios de comunicación e instituciones tienen un papel indispensable en la prevención de la violencia.
Educar también significa proteger. Una buena escuela no es aquella donde nunca existen conflictos, sino aquella que sabe prevenirlos, enfrentarlos con responsabilidad y transformarlos en oportunidades de aprendizaje y crecimiento.
Porque ningún niño o adolescente debe sentir miedo de asistir a la escuela, y ninguna institución educativa debe permanecer indiferente frente a la violencia.
Posteo en las redes del ISSC
