En una nueva emisión del programa Ambiente, Sociedad y Sustentabilidad —conducido por la abogada especializada en derecho ambiental Sonia Weisheim a través de la señal de C6Digital—, el reconocido abogado penalista y miembro de la Red Argentina de Fiscales Ambientales (RAFA), Dr. Ricardo Bomparola, brindó una profunda exposición sobre los desafíos actuales en la protección de los recursos naturales, la vigencia de los estudios de impacto ambiental y la presentación de su nuevo libro, Gobernanza Ambiental.

Durante la entrevista, el especialista dialogó sobre la necesidad de superar el concepto de un derecho ambiental meramente simbólico o declarativo, instando a consolidar una articulación real entre el Estado, el sector privado y la ciudadanía.
La crisis global y el concepto de gobernanza ambiental
Para abrir el análisis, Bomparola reflexionó sobre la paradoja que atraviesa el derecho ambiental en la actualidad: a pesar de la profusa normativa internacional y nacional acumulada durante décadas, el planeta se encuentra ante una de las crisis más complejas de su historia reciente, marcada por una tríada conflictiva: el cambio climático, la contaminación y la pérdida de biodiversidad.
En este marco, el autor explicó el núcleo conceptual de su obra:
«La gobernanza ambiental trata justamente de eso, de llevar acciones que sean efectivas y eficientes para poder ir variando esta curva de conflicto».
A diferencia de la gestión tradicional, la gobernanza exige una coordinación transversal y un cambio de paradigma en los modos de producción y consumo, alejándose de los esquemas que degradan los ecosistemas.

El rol del Estado, el poder de policía y los Estudios de Impacto Ambiental (EIA)
Consultado sobre las herramientas de prevención, el experto remarcó que el Poder Ejecutivo y sus agencias de control constituyen la primera barrera de protección del ambiente a través del poder de policía. En este sentido, advirtió sobre la importancia de jerarquizar los Estudios de Impacto Ambiental para que no queden reducidos a un mero trámite burocrático o administrativo.
«El EIA es el instrumento ambiental por excelencia que nos permite actuar de manera precautoria. No se trata de prohibir las actividades que le han dado desarrollo al ser humano, sino de controlarlas y acompañar el crecimiento económico en forma equilibrada y sustentable», enfatizó Bomparola, señalando que muchas veces las falencias surgen de la falta de fiscalización efectiva o de intereses que debilitan los controles.
Delito ambiental, redes criminales e inteligencia artificial
El especialista alertó además sobre la mutación de las organizaciones delictivas transnacionales, las cuales —ante la menor rentabilidad o endurecimiento de controles en otros ilícitos como el narcotráfico o el tráfico de armas— diversifican sus intereses hacia la explotación ilegal de recursos naturales.
Frente a realidades complejas como las de la región mesopotámica —caracterizadas por fronteras extensas, tráfico de fauna, caza furtiva y tala indiscriminada de especies protegidas como el palo rosa—, destacó el trabajo que impulsa la Red Argentina de Fiscales Ambientales (RAFA) capacitando a las fuerzas de seguridad provinciales y federales. Asimismo, valoró la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas, como la inteligencia artificial y el análisis satelital, para la detección de patrones probatorios y la optimización de las investigaciones judiciales.
Participación ciudadana y articulación en Misiones
Hacia el tramo final de la entrevista, Bomparola abordó la realidad institucional de la provincia de Misiones. En respuesta a las inquietudes sobre los mecanismos de denuncia y el rol de los órganos de persecución penal, recordó que la Procuración General de la Provincia designó a la doctora Daniela Giudici como referente ante la RAFA, canalizando allí las actuaciones e intervenciones en materia ecológica.
El especialista concluyó convocando a la sociedad civil a abandonar una actitud pasiva: «Hay que denunciar, hay que investigar, cada uno tiene que cumplir su rol. Tenemos que cumplir con el Acuerdo de Escazú, fomentar la participación ciudadana y no dejar de alzar los brazos en la defensa de nuestro patrimonio común para las generaciones futuras».






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