La discusión por el tamaño del Estado y el destino de los recursos públicos volvió a meterse en la agenda política misionera. Esta vez fue La Libertad Avanza Misiones la que salió a marcar posición con un planteo directo sobre el funcionamiento de las Sociedades Anónimas con Participación Estatal Mayoritaria (SAPEM), a las que ubicó en el centro de sus críticas por la falta de información pública y el uso de fondos estatales.

El referente del espacio en la provincia, Adrián Núñez, cuestionó con dureza el crecimiento de esas estructuras y las vinculó con un esquema que, según sostuvo, incrementó la burocracia sin ofrecer mecanismos claros de rendición de cuentas. “Que el Estado misionero esté sobredimensionado no es ninguna novedad. Una de las formas en que más ha crecido ha sido a través de las llamadas SAPEM, estructuras que se multiplican, absorben recursos y muchas veces funcionan sin que nadie rinda cuentas”, expresó.

Con ese diagnóstico, LLA Misiones avanzó con la presentación de una serie de pedidos de informe sobre 14 sociedades estatales. El objetivo, explicaron, es acceder a datos precisos sobre la ejecución económica y financiera de esas firmas, los aportes recibidos desde el Estado provincial, la estructura de costos y la cantidad de personal afectado en cada caso.

Desde el espacio libertario señalaron que la discusión no pasa únicamente por un recorte del gasto, sino también por conocer con exactitud cómo se administran los recursos públicos en organismos que, a su entender, operan con escasa visibilidad frente a la sociedad. En esa línea, Núñez insistió en que el primer paso para discutir un Estado más eficiente es abrir la información y permitir que los contribuyentes sepan qué se hace con el dinero que aportan.

“ No se trata de presionar, se trata de que los misioneros sepamos dónde va cada peso que pagamos con nuestros impuestos. Queremos un Estado que no sea una carga, sino un apoyo real para el que trabaja”, concluyó.

Así, con el foco puesto en la transparencia, La Libertad Avanza Misiones busca instalar un debate de fondo sobre el rol del Estado provincial, el alcance de sus empresas con participación mayoritaria y la necesidad de someter esas estructuras a mayores controles públicos. En un escenario donde la administración de los recursos es cada vez más observada, el planteo libertario intenta ganar volumen con una consigna clara: poner bajo la lupa cada peso del Estado.