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La escritura de una propiedad es uno de los momentos más sensibles de cualquier operación inmobiliaria, no solo por la formalidad jurídica sino por el peso económico que implica. En abril de 2026, los costos asociados muestran una estructura relativamente estable en cuanto a su composición, aunque con valores actualizados por la dinámica inflacionaria y los ajustes de honorarios profesionales. Para cualquier comprador o vendedor, entender quién paga qué y cuánto puede representar cada ítem es clave para evitar sorpresas en la firma.
Gastos para el comprador
El gasto más significativo para el comprador continúa siendo el honorario del escribano, regulado por los aranceles del Colegio de Escribanos de cada jurisdicción. En la ciudad de Buenos Aires, la escala vigente establece un honorario que suele ubicarse entre el 1% y el 2% del valor escriturado, aunque en operaciones de mayor monto puede aplicarse una reducción por escala.
A esto se suman los gastos de certificaciones, informes registrales, tasas administrativas y sellados internos, que en conjunto suelen representar entre un 0,2% y un 0,4% adicional. En la práctica, para una propiedad de valor medio, el costo total de la escribanía para el comprador puede ubicarse entre el 1,3% y el 2,4% del monto de la operación.
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El segundo componente relevante es el Impuesto de Sellos, que en CABA se mantiene en el 3,6% del valor escriturado, dividido en partes iguales entre comprador y vendedor, salvo que una de las partes esté exenta. En el caso de primera vivienda para el comprador, existen regímenes de exención que pueden reducir el impacto, pero requieren cumplir condiciones estrictas y presentar documentación previa a la firma.
En la provincia de Buenos Aires, en cambio, el Impuesto de Sellos es del 2%, también repartido entre ambas partes. Este impuesto suele ser uno de los puntos que más confusión genera, porque su cálculo se hace sobre el valor fiscal o el valor de escritura, el que resulte mayor según la normativa local.
Costos para el vendedor
El vendedor, por su parte, enfrenta dos gastos principales. El primero es la comisión inmobiliaria, que en operaciones residenciales suele ubicarse entre el 3% y el 4% del valor de venta, aunque en la práctica puede negociarse. El segundo es la certificación de firmas y documentación complementaria, que representa un monto menor pero obligatorio. A esto se suma, en caso de corresponder, la ganancia por venta de inmuebles, conocida como impuesto cedular, que grava con el 15% la diferencia entre el precio de compra y el de venta, siempre que la adquisición haya sido posterior a 2018. Si la propiedad fue adquirida antes de esa fecha, se aplica el histórico Impuesto a la Transferencia de Inmuebles (ITI), del 1,5%, salvo que el vendedor pueda acreditar que se trata de su vivienda única y destinará el producido a otra vivienda.
Un gasto que suele pasar desapercibido es el certificado de dominio e inhibiciones, obligatorio para avanzar con la escritura. Su costo en abril de 2026 ronda los valores actualizados por el Registro de la Propiedad, que en CABA se ubican en un rango equivalente a unos pocos miles de pesos, dependiendo del tipo de trámite y la urgencia. También se exige el estado parcelario para propiedades en la provincia de Buenos Aires, que implica la intervención de un agrimensor matriculado y puede representar un costo significativo adicional.
Si se compra con crédito hipotecario
En operaciones con crédito hipotecario, el comprador debe sumar los gastos bancarios, que incluyen tasación, verificación de documentación y, en algunos casos, seguros asociados. Aunque cada entidad define sus propios valores, el paquete completo suele ubicarse entre el 0,5% y el 1% del monto prestado. Además, cuando el banco impone su propio escribano para la hipoteca, el comprador puede terminar pagando dos escrituras: la de compra y la de constitución de hipoteca.
En síntesis, la escritura de una propiedad en abril de 2026 implica una estructura de costos que, aunque conocida, requiere planificación. Para el comprador, la suma de honorarios, sellos y gastos administrativos puede representar entre un 5% y un 8% del valor de la operación, dependiendo de la jurisdicción y de si existen exenciones. Para el vendedor, la carga principal sigue siendo la comisión inmobiliaria y los impuestos asociados a la transferencia.
