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El fiscal Vladimir Antonio Glinka solicitó la pena de prisión perpetua para Mariela Andrea Ramírez, de 48 años, acusada por la muerte de su hija Rocío Belén López, una adolescente de 15 años con discapacidad cognitiva y motriz derivada del Síndrome de Rett.
Durante un extenso alegato ante el Tribunal Penal Uno de Posadas, el representante del Ministerio Público sostuvo que la mujer actuó de manera deliberada y pidió que el caso sea considerado como homicidio agravado por el vínculo cometido por omisión, modificando así la calificación inicial de abandono de persona agravado por el vínculo y el resultado.
“Esto fue un asesinato. Ella adrede decidió dejar de alimentar y de dar agua a su hija para que muriera”, afirmó Glinka durante una exposición que se extendió por aproximadamente dos horas y media.
El fiscal reconstruyó ante el tribunal los últimos días de vida de Belén y repasó los testimonios incorporados durante las seis audiencias anteriores. Según explicó, la adolescente pasó aproximadamente el 85% de su vida bajo el cuidado de su abuela Delira y de su tía Clara, mientras que permaneció con su madre durante períodos mucho más reducidos.
Uno de esos períodos fue el comprendido entre el 13 y el 23 de julio de 2013, cuando se produjo su fallecimiento.
“Entró caminando y bailando a la casa de su madre y diez días después salió en una morguera, muerta de hambre, de sed, con hipotermia y escaras en la espalda”, expresó el fiscal al describir el deterioro que, de acuerdo con la acusación, sufrió la adolescente.
Durante el alegato, Glinka exhibió fotografías incorporadas por Criminalística para graficar las condiciones en las que fue encontrada la víctima. Según describió, Belén estaba tendida sobre una cama precaria, en una habitación con muebles deteriorados y bolsas de ropa acumuladas que dejaban apenas un pequeño espacio para circular.
“Belén estaba tirada como una cosa. Tenía una barricada a sus costados para que no pudiera salirse de ahí”, manifestó.
La acusación señaló además que la muerte estuvo asociada a un severo cuadro de desnutrición, deshidratación e hipotermia, elementos que para Glinka resultan centrales para sostener que no se trató solamente de una falta de cuidados.
Uno de los ejes principales de la exposición fue la intencionalidad que el fiscal atribuyó a la imputada.
Glinka sostuvo que Ramírez habría apartado a Belén de su proyecto de vida y que no solamente dejó de proporcionarle alimentación e hidratación, sino que además habría impedido que terceras personas conocieran la situación en la que se encontraba la adolescente.
“Ella tomó la decisión de eliminarla porque Belén no formaba parte de su proyecto de vida”, sostuvo.
El fiscal también rechazó el argumento defensivo según el cual las obligaciones laborales de Ramírez le impedían brindar los cuidados que requería su hija.
La mujer se desempeñaba como empleada municipal y, según planteó Glinka, cumplía jornadas laborales de seis horas.
“Ella trabajaba seis horas. Tenía otras 18 para cuidar a Belén”, remarcó.
En ese punto también cuestionó cualquier intento de atribuir el desenlace exclusivamente a la complejidad de la enfermedad que padecía la adolescente.
“Acá vinieron a deshumanizar a una nena, a reducirla a una simple enfermedad que ella no eligió tener para justificar los actos de su madre”, expresó.
Glinka también objetó el pedido defensivo de realizar una nueva autopsia y consideró que las pruebas médicas incorporadas al expediente permiten establecer con claridad las causas del fallecimiento.
Al finalizar su alegato, solicitó al Tribunal Penal Uno que Ramírez sea condenada a prisión perpetua por homicidio agravado por el vínculo cometido por omisión.
De manera subsidiaria, planteó que, si el tribunal decide mantener la calificación original de abandono de persona agravado por el vínculo y por el resultado, se aplique la pena máxima prevista para esa figura: 20 años de prisión.
Además, el fiscal pidió que la mujer sea detenida inmediatamente en caso de que se dicte una sentencia condenatoria.
Según argumentó, existe riesgo de que la acusada no se someta al proceso judicial y sostuvo que durante el expediente hubo conductas que, a su criterio, podrían haber buscado entorpecer la investigación.
El juicio ingresa ahora en una instancia decisiva. Tras las jornadas de testimonios, la producción de pruebas y los alegatos, será el Tribunal Penal Uno de Posadas el encargado de determinar la responsabilidad penal de Ramírez y definir bajo qué calificación jurídica deberá resolverse la muerte de Rocío Belén López.
