El Poder Judicial de Misiones se convierte así en pionero en el país en la adaptación de las prácticas judiciales e interinstitucionales para afrontar la Ley 27.801 antes de su entrada en vigencia.

El Superior Tribunal de Justicia de Misiones aprobó por Acordada un conjunto integral de protocolos judiciales e interinstitucionales destinados a organizar la implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil establecido por la Ley 27.801, que entrará en vigencia el próximo 5 de septiembre.

Con esta decisión, adoptada por unanimidad de los Ministros y Ministras, el Poder Judicial de Misiones se convierte en el primero del país en adoptar, antes de la vigencia de la norma, un sistema integral de protocolos específicamente diseñado para coordinar la actuación judicial con los organismos que intervienen en el abordaje de niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal.

Los instrumentos fueron incorporados como anexos del Acuerdo 06/2026, mediante el cual el Superior Tribunal de Justicia había aprobado la Estrategia de Intervención para la Implementación del Nuevo Régimen Penal Juvenil.

La decisión comprende el Protocolo de Intervención Judicial e Interinstitucional para la Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes; las Pautas Mínimas de Actuación Policial; y las Pautas Mínimas para el Alojamiento a cargo del Servicio Penitenciario Provincial.

Los protocolos fueron desarrollados durante cinco meses, desde el mes de abril de este año, en un proceso participativo con reuniones de coordinación y mesas de trabajo técnicas de Prevención, Alojamiento, Salud Integral, Educación y Reintegración Social. Dichas mesas reunieron a magistrados, fiscales, defensores y secretarios del fuero penal juvenil, órganos judiciales como el Centro de Capacitación y Gestión Judicial, Centro Judicial de Mediación (CEJUME), Ministerios y Organismos del Poder Ejecutivo Provincial, del Poder Legislativo y organismos de la sociedad civil.

Los protocolos establecen mecanismos de comunicación, circuitos de derivación, intervención y seguimiento en materias vinculadas con la salud, la educación, la reintegración social, la actuación policial y las condiciones de alojamiento de los niños, niñas y adolescentes.

En términos prácticos, ante la aprehensión de un adolescente se deberá activar un circuito diferenciado que permita la comunicación inmediata a la autoridad judicial, la intervención temprana de la defensa, el aviso a sus progenitores o referentes, la asistencia médica y la separación de personas mayores de edad. También se prevén mecanismos para verificar rápidamente la edad y la intervención del Ce.Mo.A.S., evitando el alojamiento en dependencias policiales. 

En materia de salud, educación y reintegración social se contempla la realización de un diagnóstico interdisciplinario, la derivación directa al organismo competente, el acceso a tratamientos y vacantes educativas y la elaboración de un plan individual adaptado a las necesidades de cada adolescente. Ese plan podrá incluir continuidad educativa, atención sanitaria, abordaje de consumos problemáticos, capacitación laboral, fortalecimiento familiar, actividades deportivas y comunitarias, reparación del daño y mecanismos de justicia restaurativa. 

Asimismo se prevén pautas mínimas para el alojamiento, la custodia y el resguardo de los niños, niñas y adolescentes. 

Por otra parte, se lleva adelante un proceso de capacitación con especialistas en la temática penal juvenil, dirigido a todos los participantes de las mesas.

La preparación institucional también comprendió la implementación de un Régimen Transitorio de Supervisores Penales Juveniles, destinado a garantizar el seguimiento de las medidas dispuestas judicialmente hasta la conformación definitiva de la estructura especializada.

El Superior Tribunal de Justicia invitó a adherir a los protocolos al Ministerio Público, y a las restantes instituciones y organismos que integran la Mesa Interinstitucional. La adhesión permitirá consolidar los circuitos acordados, dentro de las competencias propias de cada institución.

La aprobación anticipada de los protocolos, la capacitación de los operadores y la puesta en funcionamiento del régimen transitorio de supervisores posicionan al Poder Judicial de Misiones como una jurisdicción pionera en la preparación institucional para la aplicación de la Ley 27.801.

De este modo, la Provincia llega a la entrada en vigencia del nuevo régimen con protocolos aprobados, operadores capacitados y dispositivos de seguimiento preparados para brindar respuestas coordinadas y especializadas.