El dilema de Hamlet quedó demasiado chico para la realidad argentina. Hoy, la disyuntiva existencial que atraviesa al ciudadano de a pie ya no pasa por el ser o no ser, sino por algo mucho más terrenal y doloroso: creer o no creer. Frente a una clase política que transformó la representación pública en un negocio privado, el escepticismo dejó de ser una postura filosófica para convertirse en un mero instinto de supervivencia.
A lo largo de las últimas dos décadas, los argentinos hemos sido testigos de una catastrófica devaluación de la palabra. La confianza, ese pilar invisible pero indispensable que sostiene cualquier pacto democrático, fue dinamitado por quienes juraron defenderla. El descreimiento generalizado no es un capricho sociológico, es la consecuencia lógica de un sistema viciado. Llevamos más de veinte años asistiendo a un desfile grotesco de escándalos que por su frecuencia, anestesiaron nuestra capacidad de asombro.
Las tramas de corrupción evolucionaron con el mismo resultado de siempre, el enriquecimiento ilícito de unos pocos a costa del empobrecimiento de la mayoría. La Justicia, que a veces parece actuar con celeridad en ciertos casos, pero se vuelve lenta o cómplice en otros, permitió que la corrupción pase de ser la excepción a ser el procedimiento estándar, erosionando cualquier atisbo de fe en las instituciones. Ante todo, la impunidad como norma.
Los discursos de sacrificio exigidos al ciudadano contrastan violentamente con los privilegios obscenos de quienes ocupan el poder, dando cuenta de su cinismo retórico. Quizás lo más imperdonable no sea solo el robo del erario público, sino el desprecio por el ciudadano; la anticasta, que termina siendo más casta que la casta misma.
Existe una desconexión abismal entre la dirigencia y la calle. En campaña, el político se disfraza de vecino empático, besa niños y promete soluciones mágicas. Pero tras los comicios se activa una amnesia selectiva y automática. La apatía de la clase política hacia sus votantes es total. Se gobierna desde una burbuja, de espaldas a la inflación que tritura salarios, a la inseguridad que arrebata vidas y a la falta de oportunidades que expulsa a los jóvenes, sin olvidarnos de la cruel eutanasia al maltratado jubilado. La política pasó a convertirse en una aristocracia de funcionarios que solo se preocupan por perpetuarse en el poder y mantener su impunidad.
No creer es la reacción natural ante un Estado fallido y una dirigencia cínica, porque cuando la sociedad deja de creer por completo, también deja de exigir. Entonces, ante la encrucijada de ¿creer o no creer? Elijo creer, pero esta vez no en una promesa de campaña, sino en la capacidad de una sociedad que tarde o temprano exigirá que su destino esté a la altura de su fe.
El gran desafío de la Argentina no es solamente estabilizar su economía, cerrar la grieta, acabar con la inseguridad, no depender del dólar…, sino lograr el milagro de que surja una dirigencia que entienda de una vez por todas que el poder no es un cheque en blanco, sino una responsabilidad que desde el regreso de la democracia los malos políticos vienen traicionando.
Francisco Manuel Silva [email protected]
OTRAS CARTAS
“La normalidad es el verdadero obstáculo”
La integración escolar supone el ingreso del alumno a una estructura ya dada, donde es él quien debe adaptarse a condiciones preexistentes, muchas veces bajo lógicas normalizadoras que toleran la diferencia sin otorgarle una verdadera inscripción en el lazo escolar. En cambio, la inclusión implica una transformación del propio sistema educativo, que se reorganiza para hacer lugar a la singularidad, reconociendo que no hay sujeto “fuera de norma” sino normas que deben volverse permeables a la diversidad.
Desde el paradigma de los derechos humanos, la educación no es un privilegio condicionado a la adecuación, sino un derecho incondicional que exige accesibilidad, participación y reconocimiento efectivo. En este punto, la inclusión no es un gesto de buena voluntad ni una política compensatoria, sino una posición ética y política que desarma la lógica deficitaria, desplaza el eje desde el déficit individual hacia las barreras sociales y simbólicas, y abre la posibilidad de que cada sujeto encuentre un lugar donde su diferencia no solo no sea a corregir, sino que pueda inscribirse y producir lazo.
Ps. Hernán Pannone [email protected]
“Comenzar a gobernar para evitar otra ‘fiesta popular’”
El presidente Javier Milei debe dejar de lado el tema de Manuel Adorni y dedicarse de lleno al mejoramiento de la microeconomía para que los salarios no sólo superen los índices de inflación sino del costo de vida, permitiendo con ello que se termine con el “no llego a fin de mes”.
El descontento, in crescendo, que se nota en la sociedad constituye un serio riesgo que el próximo gobierno, de llegar a ser populista, se encuentre con un país ordenado, un incremento importante de las reservas en el Banco Central, superávit fiscal, balanza de pago beneficiosa, autoabastecimiento de petróleo y gas, radicación de inversiones extranjeras, disminución de los índices de desocupación y de pobreza gran aumento de las explotaciones en minería. Esto le permitiría, una vez más, como ya lo hemos vivido, organizar otra “fiesta popular” dilapidando lo logrado sobre la base del sacrificio del ciudadano de a pie y volviendo a una corrupción desmedida como la hemos conocido.
Con el mayor de los respetos, es hora de comenzar a gobernar con sentido común para evitar la repetición de historias trágicas.
Roberto A. Meneghini [email protected]
“La Justicia sólo procura la verdad”
De todos los méritos exigibles a un juez el que está en primer lugar y debe computarse antes de analizar los otros es la independencia respecto de cualquier tipo de presión. Sin duda es el más relevante, pues ello garantiza a los justiciables que la sentencia que el magistrado dicte sea el resultado de una justa aplicación de las reglas de la lógica, la experiencia y el sentido común, reflejando la verdad de los hechos sucedidos y la exacta aplicación del derecho previsto para el asunto en cuestión.
La independencia es de origen y de desarrollo, es decir que el magistrado debe ser designado por un Consejo donde sus miembros sean objetivamente libres, no condicionados por causa alguna, debiendo contar con las mismas virtudes morales y éticas que se requieren a los jueces, pues sólo un cuerpo integrado por hombres y mujeres de excelencia pueden seleccionar jueces probos e independientes que resuelvan con celeridad y sin demora injustificable -como ocurre con el asesinato del fiscal Nisman- y por ello aquellos magistrados que no cumplen su rol de consagrar la verdad de lo sucedido dando a cada uno lo suyo deben ser removidos de su cargo juicio político mediante.
Dr. Hector Luis Manchini [email protected]
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