A las siete de la mañana de este martes, el zócalo de un canal de noticias anunciaba: «Marcha en defensa de la educación».
El Gobierno empezaba el día perdiendo uno a cero. Si la cuarta marcha universitaria se consolidaba en el entendimiento colectivo como una defensa estricta de la educación pública, y no como una puja de intereses y cajas, el oficialismo no tendría modo de ganar el duelo argumental que se pondría en juego durante el día.
También ayer, el título de tapa de la edición papel de este diario informaba «Nuevo recorte en la Educación antes de la marcha universitaria».
El inoportunismo le sumaba una dosis de conjeturable crueldad al anuncio. Sonaba casi como una provocación.
El paso de las horas confirmó las presunciones iniciales. La convocatoria reunió a madres e hijas, alumnos, ex estudiantes, docentes, no docentes, jóvenes y no tan jóvenes (también a sindicatos, pero sin figuras protagónicas) atraídos por una consigna que no admite oposición: nadie puede estar en contra de las universidades públicas ni de los hospitales universitarios, las dos instituciones señaladas como las más afectadas por el recorte presupuestario. Y la discusión se planteó en esos términos absolutos (a favor/ en contra) y no en el de los porcentajes que intentó imponer el ministerio de Capital Humano.
A ese sentimiento compartido el Gobierno respondió argumentando que la ley de financiamiento sancionada en el Congreso espera una resolución de la Corte Suprema. Una consigna cargada de emocionalidad enfrentada por lo que sonó a tecnicismo oportunista. La urgencia de los sueldos docentes requiere, de entrada, empatía, no frialdad especulativa. Una vez establecida esa solidaridad, después habrá tiempo para las discusiones.
Está claro que el mensaje oficial – la plata fue transferida a universidades y hospitales-, no llegó o no convenció a quienes día a día transitan la realidad, incluidos los alumnos que acumularon una seguidilla de paros desde el comienzo del año lectivo. También a miles que marcharon, y millones que no, pero que adhieren a la idea de educación pública como un valor innegociable.
La observación de lo ocurrido en la Plaza de Mayo sirvió también para confirmar el cruce de dos realidades incómodas para Milei. «La universidad se desloma resistiendo», se leía en un cartel. «Salarios docentes en cascada», ironizaba otro. Si la primera marcha universitaria encontró un Gobierno sin grietas profundas entre lo enunciado y lo practicado, la investigación sobre los gastos del jefe de Gabinete Manuel Adorni, y la secuencia de novedades, una más incriminatoria que la otra, hirió la credibilidad de la administración libertaria.
En este punto tampoco hay que perder de vista que lo ocurrido ayer empezó a gestarse hace más de medio año con la torpeza legislativa de la Libertad Avanza para afirmar alianzas que permitieran sostener los vetos presidenciales. Como en el fútbol, en el que a los goles en contra hay que buscarles la explicación una jugada antes y no en la definición, esta tarde crítica se explica en la vocación presidencial por alejar aliados en el Congreso durante parte de 2025.
En septiembre pasado la caída del veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario conseguía 58 votos afirmativos y sólo 10 negativos en el Senado. Esa abrumadora mayoría se construyó con los (ex) aliados que el presidente se ocupó de alejar. El precio, indexado, lo está pagando siete meses más tarde.
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Gonzalo Abascal
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