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«¡Quiero que busquen a los verdaderos responsables!», gritó estridente desde el piso Beatriz Elizabeth Yapura el viernes pasado en una sede judicial de la ciudad de Salta, mientras la policía la intentaba contener para que se le realizara un hisopado. La mujer es esposa de Santos Clemente Vera, el hombre que pasó 11 años preso por el doble crimen de dos turistas francesas ocurrido en 2011 y cuya condena terminó anulada por la Corte Suprema. Ahora, la Justicia salteña busca cumplir con un encargo del sistema judicial de Francia, que pretende cotejar perfiles biológicos femeninos detectados en dosier de pruebas de la causa.
Todo ocurrió el viernes en la sede del Servicio de Biología Molecular Forense del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) de Salta. Hasta allí llegó escoltada por la policía Yapura, a quien el Ministerio Público Fiscal (MPF) provincial había requerido para que se le realizara un análisis de ADN en el marco de la causa por el doble crimen de Cassandre Bouvier y Houria Moumni, asesinadas hace casi 15 años en Salta.
Yapura es esposa de Vera, cuya condena quedó sin efecto por decisión de la Corte Suprema luego de 11 años de cumplimiento, y una de las señaladas por el laboratorio francés IFEG como un perfil a cotejar, uno más de los 15 perfiles genéticos femeninos que buscan compararse con el dosier de pruebas con que trabaja la Justicia de Francia. Lo cierto es que el MPF salteño ordenó una extracción compulsiva de ADN a Yapura, y notificó, a su vez, de que en caso de negativa, haría cumplir la medida mediante el uso de la fuerza pública. Y así fue.
El juez de Garantías de 2° Nominación Ignacio Colombo firmó la orden y Yapura llegó en el marco de una consigna policial, que efectivizó el Grupo de Investigaciones Complejas del CIF de Salta. Pero en rigor, ni bien entró en la sede judicial comenzó a forcejear con las agentes de Policía y terminó en el piso.
Desde allí gritaba estridentemente mientras era arrastrada: «Quiero que busquen a esa gente maldita y sucia que mató a las chicas. Háganle un hisopado a ellos» y «¡Que busquen a los verdaderos responsables!». Sus propios abogados, Roberto Adrián Reyes y Humberto Vargas, la filmaban durante el forcejeo. Yapura también pidió la presencia del gobernador salteño, Gustavo Sáenz, y también del Procurador.
Según el informe judicial de lo ocurrido el viernes, a cargo de la Unidad Fiscal, Yapura se habría negado a ingresar a la sala de extracción, se tiró al piso y obligó a las policias a emplear la fuerza física para intentar lograr cumplir la medida judicial.
Otros dos detalles fueron consignados: el primero estriba en la versión de que la mujer habría mordido a una de las agentes; el segundo, en que le fue encontrado entre sus prendas un micrófono inalámbrico. Según la fiscalía, se trató de «un intento de instalar falsedades en los medios», lo cual relacionan con la presencia de medios franceses en la cobertura del caso. El escándalo del viernes, por caso, también fue reportado por la prensa de aquel país.
Por otro lado, Innocence Project Argentina, una organización especializada en la representación de personas condenadas por error que patrocina a Yapura (y también lo hizo con su esposo, Vera), señaló que lo del viernes se trató de un caso de violencia institucional.
«Nada vincula a Beatriz con el crimen de Cassandre Bouvier y Houria Moumni. No está imputada. No existe una sospecha concreta en su contra. Lo único que la une a esta causa es ser la esposa de un hombre condenado erróneamente», condenó públicamente Carlos Manuel Garrido, presidente de Innocence Project Argentina. A pesar de ello, señalan en esa organización, la policía salteña la arrastró por el suelo sin haber tenido en cuenta que padece de un cuadro delicado de salud y que su defensa apeló la extracción.
Al respecto añaden: «Este proceder carece de racionalidad y viola garantías básicas reconocidas por la Constitución Nacional. Afecta su libertad, su integridad física y psíquica, su intimidad genética, su dignidad, su derecho de defensa y el debido proceso. La extracción compulsiva de ADN no es una diligencia menor ni puede ejecutarse como si fuera un trámite común. Es una prueba corporal invasiva, que exige control judicial estricto, fundamentación reforzada, necesidad concreta y proporcionalidad».
«Al dolor infligido por la persecución injusta y la detención de Santos Clemente Vera durante más de diez años se suma ahora el hostigamiento estatal contra Beatriz Yapura. Lo ocurrido duele e indigna. No es justicia. Es violencia institucional contra la familia de una persona condenada por error», amplían. Por lo pronto, el hisopado nunca pudo ser realizado.
ES